El anuncio de un proyecto de Ley que recordaría, y ya era hora, la existencia olvidada de quienes murieron en la Guerra Civil de 1936 en defensa de la República y de lo que representaba, devolviéndoles públicamente su honra, ha provocado, pese a la justicia de su razón de ser, una conmoción tanto en el PP como en la Conferencia Episcopal. Que si resucitar recuerdos puede ser peligroso, que a que viene el perturbar la paz de los muertos, olvidando que son miles de ellos -los del bando republicano y los de Euzkadi- los que nunca la han tenido. Que no hay paz para los que yacen amontonados en las fosas comunes, para los fusilados que el Régimen metamorfoseó en desaparecidos y que son hoy los olvidados. Que es hora de devolverles nombre y apellido y de darles sepultura con lápida. Son setenta años los que llevan, tenazmente, los del bando vencedor intentando ocultar sus crímenes.
Los responsables directos si es que quedan y los que cerraron los ojos y los que todavía hoy se niegan a condenarlos. De ahí su oposición, sus reparos al proyecto de Ley. Asombra que en estos tiempos que deberían ser los de la serenidad haya quienes todavía se opongan a esta tentativa de reconciliación final. Treinta años desde la muerte del dictador, para acordarse, por fin, de los olvidados, de los desterrados de la memoria histórica del País. O ha faltado precisamente memoria y mucha o ha sobrado miedo. Miedo de las familias de las víctimas, porque es difícil superar ese terror metido en las entrañas, y miedo de las de los verdugos. A que al identificar los muertos queden en evidencia los que los mataron. Aquellas palabras terribles del entonces coronel Yagüe, «claro que los fusilamos. ¿Qué se figuraba? Que iba a llevarme conmigo a cuatro mil rojos…». Cuatro mil. Son muchos. Sorprende dolorosamente que la Jerarquía eclesiástica ponga reparos a una Ley que es un acto de piedad, una Ley de paz entre los muertos de un bando y de otro, que todavía sigue pendiente. Entre los muertos que fueron gudaris y los muertos que fueron requetés. Algo que necesitamos para que las generaciones futuras puedan contemplar la catástrofe del 36 con ecuanimidad… Como recuerdo y como lección. Es posible sin duda, y así lo ha apuntado como era de esperar el Sr. Rajoy, que una Ley como la propuesta termine convirtiéndose en una caja de Pandora, reavivando pasiones dormidas convertidas ya en pura resignación, pero no es lo probable. Puede dar lugar a que se recuerden, eso sí, los orígenes de determinadas Instituciones claramente vinculadas al Régimen anterior o sus relaciones no exentas de cierto servilismo con el Dictador. Es el caso de la actual Monarquía y también el de la Iglesia. La Monarquía, emanada de las últimas Cortes franquistas, que inició su andadura concediendo una absolución general a los responsables del Régimen, sin que sintiera necesidad alguna de un saludo a los vencidos. Todo ello, a decir verdad, en la euforia de un consenso generalizado. Lo que la Ley sí puede evidenciar es que esta Monarquía jamás ha demostrado la sensibilidad que se podía esperar, por los muertos de la República. Y sin embargo, por paradójico que resulte, era la más indicada para manifestarla. Que la generosidad siempre se agradece y hay frialdades que no se perdonan. Es posible también, y más aún dada su actitud presente, que también a la Iglesia se le recuerde que fue ella la que en 1936 sacralizó una sublevación militar, convirtiéndola en Cruzada. «Dios que ha hallado en Vuecencia digno instrumento de sus planes providenciales», dijo el cardenal Gomá a Franco y nos gustaría saber si hoy, de darse circunstancias equiparables, el cardenal Rouco sería capaz de repetir la hazaña. O si Benedicto XVI vería las cosas con las mismas orejas que Pío XII. En todo caso, si la nueva Ley provoca incomodidades para ambas Instituciones, y si ambas se ven obligadas a tragar saliva, pues nunca mejor tragada, que lo será por la paz.