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2006 20 |
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La LOAPA social
Azaroa 20 | 2006 |
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el Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia es, sin duda, un mal proyecto. Lo es en términos de autogobierno del país y lo es en términos de progreso social. Hablemos claro: una ley que revienta la competencia exclusiva de la Generalitat, Gobierno Vasco e instituciones forales en servicios sociales, que condena a financiar estos servicios para personas dependientes en base a unos convenios a través de los cuales la Administración del Estado marca el modelo de atención que tenemos que gestionar desde Euskadi y Catalunya y que, finalmente, permite que los niveles de participación de los beneficiarios en la financiación de los servicios (el copago) se decida a nivel del Estado, en ningún caso es una ley progresista.
Sólo desde una izquierda acomplejada en su dimensión nacional e incompetente en la defensa del autogobierno se puede apoyar este proyecto, impulsado por el PSOE y que ha recibido también el aplauso del PP.
El proyecto excluye de su protección a los colectivos más débiles (personas con discapacidad intelectual, personas con enfermedad mental, los enfermos de Alzheimer en el inicio de la enfermedad), no garantiza la libertad de elección de las personas sobre quién y cómo tiene que prestarle los servicios, considera el cuidado a cargo de familiares como "excepcional" y en materia de copago no garantiza a las rentas medias ni a atodas las bajas, demasiados cambios respecto a la situación actual. Tal y como se configura este copago, que se decidirá a nivel estatal, buena parte de las familias medias y a buena parte de familias de clase baja del país, tendrán que rascarse el bolsillo para acceder a los servicios sociales. Los más pobres tendrán la protección del sistema y a los más ricos, el mercado los continuará ofreciendo servicios de pago.
Pero además, el hecho que este copago se decida a nivel estatal hace que no se tenga en cuenta la diversidad socioeconómica de cada territorio ni los diferentes costes de los servicios. Los territorios con un nivel de renta más alto y costos más elevados de los servicios, previsiblemente, serán los más perjudicados con el copago establecido a nivel de Estado.
Y es que parece mentira que aquellos a quienes les gusta reivindicar el catalanismo-vasquismo social o el catalanismo-vasquismo del bienestar, no hayan entendido que la mejor garantía del progreso era justamente, esforzarse para que desde Euskadi y Catalunya pudiésemos construir las políticas sociales que una sociedad moderna y avanzada como la catalana y vasca necesita. Si queremos más autogobierno, más soberanía o simplemente más autonomía, es porque estamos convencidos que es una condición básica para la mejora de la sociedad en términos de justicia social.
Si durante tres años hemos batallado por un nuevo Estatuto de Autonomía que blindaba las competencias exclusivas de Catalunya ante las intromisiones del legislador estatal, que poco a poco habían ido erosionando nuestra capacidad de legislar, es sencillamente estúpido que en la primera ley importante que se tramita en las Cortes Generales después de la aprobación del nuevo Estatut, para PSC, ERC e IC-V, el debate competencial sea un tema menor, que pase de puntillas, que no tenga ninguna importancia.
Así mismo también se ha luchado desde Euskadi por el reconocimiento de unas competencias desarrolladas por nuestras instituciones forales al nivel de los países con estándares de protección más avanzados del mundo. ¿Para qué diablos queremos entonces, la autonomía, el autogobierno o la soberanía?
Todo ello, mediante un uso falaz del falso dilema consistente en confrontar competencia con protección, ya que a mayor competencia autonómica, los ratios de protección son mayores en todas las políticas públicas. El tripartito, en la etapa de la Consellera Simó bendijo el proyecto de ley. Y, posteriormente, la Consellera Figueres decidió que no había ningún problema en materia de competencias.
Igualmente compleja la situación provocada en Euskadi por una ley de estas características que ha obligado al Gobierno Vasco a pronunciarse de forma rotunda en contra de un proyecto de ley que lamina las competencias en materia de asistencia social. Todo esto, conociendo los claros y rotundos informes del Instituto de Estudios Autonómicos sobre la flagrante vulneración de competencias del proyecto de ley. Sencillamente, lamentable el papel de las instituciones catalanas, alejadas de la firmeza de las diputaciones vascas, que son las que en Euzkadi gestionan los servicios sociales, son las que desde el primer día se han opuesto a las pretensiones del ministro Caldera.
La Ley de Dependencia es la LOAPA de los servicios sociales de Catalunya y Euskadi. Una ley que armoniza una de las pocas políticas que con el Estatut de 1979 habíamos conseguido preservar para parar la voracidad centralista del Gobierno central.
El proyecto excluye de su protección a los colectivos más débiles (personas con discapacidad intelectual, personas con enfermedad mental, los enfermos de Alzheimer en el inicio de la enfermedad), no garantiza la libertad de elección de las personas sobre quién y cómo tiene que prestarle los servicios, considera el cuidado a cargo de familiares como "excepcional" y en materia de copago no garantiza a las rentas medias ni a atodas las bajas, demasiados cambios respecto a la situación actual. Tal y como se configura este copago, que se decidirá a nivel estatal, buena parte de las familias medias y a buena parte de familias de clase baja del país, tendrán que rascarse el bolsillo para acceder a los servicios sociales. Los más pobres tendrán la protección del sistema y a los más ricos, el mercado los continuará ofreciendo servicios de pago.
Pero además, el hecho que este copago se decida a nivel estatal hace que no se tenga en cuenta la diversidad socioeconómica de cada territorio ni los diferentes costes de los servicios. Los territorios con un nivel de renta más alto y costos más elevados de los servicios, previsiblemente, serán los más perjudicados con el copago establecido a nivel de Estado.
Y es que parece mentira que aquellos a quienes les gusta reivindicar el catalanismo-vasquismo social o el catalanismo-vasquismo del bienestar, no hayan entendido que la mejor garantía del progreso era justamente, esforzarse para que desde Euskadi y Catalunya pudiésemos construir las políticas sociales que una sociedad moderna y avanzada como la catalana y vasca necesita. Si queremos más autogobierno, más soberanía o simplemente más autonomía, es porque estamos convencidos que es una condición básica para la mejora de la sociedad en términos de justicia social.
Si durante tres años hemos batallado por un nuevo Estatuto de Autonomía que blindaba las competencias exclusivas de Catalunya ante las intromisiones del legislador estatal, que poco a poco habían ido erosionando nuestra capacidad de legislar, es sencillamente estúpido que en la primera ley importante que se tramita en las Cortes Generales después de la aprobación del nuevo Estatut, para PSC, ERC e IC-V, el debate competencial sea un tema menor, que pase de puntillas, que no tenga ninguna importancia.
Así mismo también se ha luchado desde Euskadi por el reconocimiento de unas competencias desarrolladas por nuestras instituciones forales al nivel de los países con estándares de protección más avanzados del mundo. ¿Para qué diablos queremos entonces, la autonomía, el autogobierno o la soberanía?
Todo ello, mediante un uso falaz del falso dilema consistente en confrontar competencia con protección, ya que a mayor competencia autonómica, los ratios de protección son mayores en todas las políticas públicas. El tripartito, en la etapa de la Consellera Simó bendijo el proyecto de ley. Y, posteriormente, la Consellera Figueres decidió que no había ningún problema en materia de competencias.
Igualmente compleja la situación provocada en Euskadi por una ley de estas características que ha obligado al Gobierno Vasco a pronunciarse de forma rotunda en contra de un proyecto de ley que lamina las competencias en materia de asistencia social. Todo esto, conociendo los claros y rotundos informes del Instituto de Estudios Autonómicos sobre la flagrante vulneración de competencias del proyecto de ley. Sencillamente, lamentable el papel de las instituciones catalanas, alejadas de la firmeza de las diputaciones vascas, que son las que en Euzkadi gestionan los servicios sociales, son las que desde el primer día se han opuesto a las pretensiones del ministro Caldera.
La Ley de Dependencia es la LOAPA de los servicios sociales de Catalunya y Euskadi. Una ley que armoniza una de las pocas políticas que con el Estatut de 1979 habíamos conseguido preservar para parar la voracidad centralista del Gobierno central.
