La sociedad vasca requiere de consultas y refrendos

Los escenarios de diálogo, negociación o eventual acuerdo, que se presentan y en los que se juega el proceso de paz y normalización, son dos. Por un lado las conversaciones Gobierno/ETA en las que se debatirán, y esperemos que resolverán, cuestiones como el desmantelamiento de ETA, el futuro de sus presos, y -sería deseable- cómo ETA reconoce públicamente el daño causado. Es evidente que en este espacio lo que se discute y eventualmente acuerda, es su desaparición. No hay materia política detrás.

El segundo espacio es por el contrario radicalmente político. Se supone que en él, y entre todos los partidos políticos, se va a discutir el futuro del País Vasco: en qué medida o no, ese futuro se asienta en la capacidad de decisión de la comunidad vasca, hasta dónde debe llegar el autogobierno, cuáles deben ser el tipo de relaciones futuras entre la comunidad nacional vasca y el Estado español, etcétera.

El escenario no político ETA/Gobierno por un lado y el político interpartidario por otro, se presentan separados. Pero desde algunos sectores, especialmente el PP, se advierte de la segura contaminación entre los dos escenarios. El argumento es sencillo: aunque sean procesos separados, lo que hoy o en un futuro inmediato se acuerde en el espacio político va estar determinado por las amenazas de ETA, dado que ésta todavía no se ha disuelto. En consecuencia si, pongamos por caso, el acuerdo final de la mesa interpartidaria reconoce implícita o expresamente, el derecho a decidir del pueblo vasco, tal decisión está contaminada puesto que ETA habrá impuesto sus designios y por tanto se habrá pagado un precio político.

Una primera solución contra esta situación sería la de esperar a que ETA haya desaparecido totalmente. Pero la ejecución de tal acuerdo puede llevar largo tiempo y la memoria de ETA todavía mucho más. La solución de espera prácticamente indefinida es además de injusta, absurda. La mesa política de negociación debe iniciarse ya. ¿Por qué catalanes, andaluces, valencianos, gallegos, pueden discutir y negociar y aprobar nuevos estatutos de autogobierno y nosotros no? ¿Por qué cuando la gran mayoría de la población vasca quiere que los partidos negocien un nuevo marco de autogobierno, no podemos hacerlo, aunque ETA todavía no ha desaparecido? No hay ninguna razón de fondo para seguir esperando. Pero queda la cuestión de la apariencia. Aunque realmente no exista contaminación, aunque resulte injusto e irracional este bloqueo, surgen apariencias de posible presión, de amenaza. Para disiparlas se sugieren algunas medidas anticontaminantes.

La primera es la de invertir la carga de la prueba. Exigir a aquellos que acusan de contaminación que la prueben. Que prueben que las propuestas políticas centrales de los partidos políticos, las que previsiblemente se formulen en la próxima Mesa de partidos, son distintas a las que se hacían cuando ETA estaba activa, o a cuando estaba en tregua, o a cuando no estaba. La medida es sencilla y sus resultados fácilmente previsibles. Los alarmistas no van a poder probar las diferencias, porque estas no existen. Desde hace mucho tiempo las propuestas y los previsibles horizontes de llegada de los partidos, no han variado un ápice dependiendo de los cambios estratégicos o tácticos de ETA.

Otra medida anticontaminante hace referencia a la sociedad vasca. Se trataría de preguntarle en qué medida, y al margen de la existencia o inexistencia de ETA, considera que ya es hora de que todos los partidos inicien una negociación, en la que entre otras cosas se considere esencialmente la capacidad de decisión de la comunidad vasca. Las encuestas dicen que así se desea y se exige por una cualificada mayoría de la sociedad vasca. Pero sería muy clarificador llevar a cabo, en este sentido, una consulta, aunque fuera no necesariamente vinculante.

En un reciente artículo de Joseba Arregi se advertía de los peligros de manipulación y demagogia de consultas y refrendos. Decía que resulta irresponsable preguntar a la gente, sin restricción alguna, qué es lo que le apetece, sabiendo de antemano, aunque ocultándolo, que no es posible concederles sus apetencias. Así planteado, lo de las consultas resulta algo horrible. Pero no parece que las consultas tengan esas malvadas intenciones, véase el ejemplo de Suiza o Canadá. Por un lado lo normal es que las consultas se planteen sobre temas concretos. No están abiertas a todas las apetencias. Y por otro lado los ciudadanos saben muy bien que la puesta en práctica de lo expresado en la consulta no depende solo de la voluntad de sus gobernantes sino de contextos y voluntades políticas de otras instancias.

Hay democracia cuando hay responsabilidad, cuando los gobiernos responden a las demandas de los ciudadanos, cuando los gobiernos hacen lo que los ciudadanos quieren que hagan. Resulta muy difícil de calibrar esta dimensión democrática por que no existe ningún procedimiento que garantice la plena adecuación entre demandas y respuestas. En consecuencia no tiene sentido otorgar pureza democrática radical a la respuesta que se da a través de la conexión electoral y negar cualquier valor democrático a otras formas de conexión, como consultas y refrendos. Son distintos canales de acceso de los intereses ciudadanos al espacio decisorio, lo que plantea a su vez a los gobernantes dificultades de interpretación y sintetización de esa voluntad ciudadana. Por el contrario lo que sí resulta peligroso es reducir la complejidad eliminando el derecho, en base al argumento de que no hay que dejar a la gente que pida lo que le apetezca porque no se puede garantizar la concesión de esas apetencias.

Porque con esta argumentación se debería eliminar también las elecciones en las que evidentemente los políticos no pueden garantizan la concesión de todas las demandas, anhelos e intereses de los votantes. Lo peligroso para la democracia es no preguntar. Y lo más democrático es preguntar, y apoyar el que se pregunte, aun sabiendo de antemano, que la respuesta no tiene por qué ser de nuestro agrado. Pura y sencilla democracia.