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... Y caridad

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Urria 25 | 2006 |
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Carlos Ormazabal

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Noticias de Gipuzkoa


CARIDAD es lo que parece que acabarán pidiendo los catalanes a los poderes madrileños, para su recién estrenado Estatut. La apisonadora estatal -no conforme con lo realizado hasta ahora (rebajas claras al texto original tras el cepillado en el Parlamento español, que acabaron con la paciencia de la ciudadanía que "pasó" olímpicamente en el refrendo)- trata de alisar los últimos picos que sobresalen -algo pero poco- del encefalograma plano en que tratan de convertir las legítimas e históricas demandas nacionalistas.
El Defensor del Pueblo (no se dice, pero habrá que añadir el término "español", a la vista de cómo defiende a quienes no se consideran tales), el socialista vasco Múgica, ha presentado recurso de inconstitucionalidad ni más ni menos que a 112 artículos del Estatut y cuatro disposiciones adicionales (¿cuantos tiene?). Aceptados por el Tribunal Constitucional junto con otros del PP. ¿En qué acabará pareciéndose al original? Ni una coma iba a cambiar Zapatero, pero la realidad es que algunos acabarán añorando el ya enterrado Estatut.

Por Caridad, habrá que pedir, también, el cumplimiento de las leyes promulgadas y/o aprobadas por las Cortes españolas. El cumplimiento del Estatuto de Gernika, actualmente vigente, deja mucho que desear en cuanto a transferencias. Los gobiernos de distinto signo que han pasado desde su aprobación se han empeñado en su incumplimiento sistemático, y a los partidos-franquicia que les representan en Euskadi se les llena la boca erigiéndose en paladines de la defensa del Estatuto, una de cuyas transferencias pendientes más relevantes es la de la Política Penitenciaria, transferencia de las consideradas claves para el inicio-avance del proceso de pacificación. Es suficiente con que el secretario de Política Autonómica del partido gobernante diga que el Gobierno español no es partidario de ello para que el asunto se de por zanjado. Ver para creer.

Más de la mitad de las autonomías del denominado Estado de las Autonomías han aprobado y remitido para su trámite en las Cortes españolas los textos de reformas estatutarias correspondientes. Salvo el Plan Ibarretxe, todos han sido admitidos a trámite. ¿Supone ello que no somos considerados, al fin, como una comunidad autónoma sino como una nación? Más bien parece que no. No olvidemos que somos los únicos cuyo Parlamento ha aprobado el texto sin apoyo de ninguno de los partidos que se turnan en el Gobierno de España. Eso no se perdona. ¿Deberemos recurrir a la caridad de alguno de ellos para sacarlo adelante? No se hallan precisamente ante la tesitura de disputarse quién es más caritativo ante las reivindicaciones nacionalistas, sino todo lo contrario.

Como si de forma totalmente altruista se tratara, algunos se cuelgan medallas de salvadores al apoyar presupuestos del Gobierno Vasco para el presente año. Omiten deliberadamente que su apoyo se debe exclusivamente a la obligada reciprocidad del apoyo a los presupuestos del Estado. Pero eso no conviene que se airee demasiado. Eran otros tiempos cuando el término talante todavía parecía sugerir algo.

Porque vuelve a resurgir el contencioso sobre el Cupo (cuantía que los Territorios Históricos vascos deben pagar al Gobierno español para hacer frente a determinados gastos como el ejército, el mantenimiento de la Corona...). Es el Gobierno del Estado quien fija la cantidad y, en el actual caso, parece no ser negociable. Práctica forma de cuadrar unos presupuestos.

Y sigue vigente la suspensión del Impuesto de Sociedades de las tres diputaciones vascas, pese a que hay sentencia en firme del Tribunal de la Unión Europea -caso de las Azores- sobre la compatibilidad de varios regímenes fiscales de un mismo estado -caso de nuestros territorios- y que viene a confirmar nuestra autonomía en esta cuestión. ¿Estamos o no en la Unión Europea?

Respeto, cuando conviene, a las decisiones de determinados tribunales. Silencio de los ultradefensores del Estatuto (o hasta cierto grado de implicación) cuando hay pronunciamientos en contra del autogobierno, no se vaya a alterar la planicie del encefalograma. Cuestiones de Estado, les llaman.

En el colmo del esperpento, el Tribunal de Justicia del País Vasco seguirá con el trámite de la querella del Foro de Ermua contra el lehendakari, por reunirse con la ilegalizada Batasuna. Menos mal que el Gobierno español no se está reuniendo con ETA (al menos en Oslo, subraya Pérez Rubalcaba, aunque parece dejar entrever que sí lo está haciendo en algún otro lugar). Por lo que se ve, son más malignos los líderes de Batasuna que los representantes de ETA pues, -que se sepa - al igual que a Ibarretxe, tampoco nadie ha impedido a Zapatero realizar contactos con ETA. Ni a Aznar, en su tiempo. Pero a estos dos nadie les ha imputado en querella alguna.

Habrá que prestar atención a la teórica separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Otro legado del aznarismo, difícil de digerir. Jueces tomando decisiones que obedecen a impulsos políticos y que no facilitan -tal vez, merezca recordar la vigencia de la Ley de Partidos- el avance de ningún proceso. Los jueces pueden acertar o no en sus decisiones, pueden ser más o menos flexibles en la interpretación de la Ley. Pero ésta es una única, y está vigente. Sea derogada. Y para ello no parece muy viable un pacto de Estado PP-PSOE. Hágase como, si al final se hace, en la Ley de Extranjería: a pesar de.

Dos no hacen si uno no quiere, pero no se puede admitir el bloqueo continuo. La dictadura de la minoría empieza a padecerla quien la pretende aplicar en Euskadi. No se puede estar a la vez en misa y repicando, culpando a otros de las indecisiones propias y dejando que el tiempo vaya pasando.

A la vista del respeto a las naciones y estatutos por parte de los gobernantes estatales, caritativos ellos, cobra más vigencia que nunca la exigencia del reconocimiento del Pueblo vasco como nación y su derecho a decidir. Está ya muy visto en qué se traducen las coletillas que se añaden a declaraciones que suenan grandilocuentes: sin perjuicio de…, en principio…, siempre dentro de la legalidad vigente…

Quienes ostentan el poder pueden ser caritativos, el resto de los mortales debemos ser solidarios. Jerarquía obliga.

Caridad es un término que el Estado español confunde con cumplimiento de la legalidad. Cuando alguien le exige dicho cumplimiento, lo interpreta como algo que puede administrar a su conveniencia, pudiendo actuar condescendientemente. Como si de dar una limosna se tratara. Cuando es el Estado quien exige el cumplimiento de las normas, su incumplimiento es respondido con toda la fuerza de la Ley.

Pero con la caridad puede pasar lo mismo que con Vanzando. Cuando el capitán dijo a sus hombres ¡Sigan a-vanzando!, como nadie conocía a Vanzando, se perdieron todos en su búsqueda.

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