Choque de trenes

No deja de ser curioso que la CAV representa un caso único en la Europa democrática después de la II Guerra Mundial, en el que tanto el titular del ejecutivo como el órgano de gobierno del legislativo se encuentran sujetos a procedimientos judiciales por razones de relevancia política. ¿Será que estamos gobernados por una banda de malhechores? Examinado el perfil de los encausados nos aparecen unos ciudadanos dignos, que además, y no deja de ser un detalle nada inocente, han recibido el respaldo popular expresado por el sufragio universal. Situación que es paralela a la que sucedió cuando por medio de un mero auto judicial se ordenó la liquidación de todo un partido político, lo que sigue siendo una novedad en el contexto europeo.

Puede pensarse que en el trasfondo está un virulento ataque a las máximas instituciones representativas vascas y a su propio autogobierno; así como a poner premeditadamente obstáculos serios a un embrionario proceso de paz. Hay razones sobradas para así pensarlo y para entender que el conjunto sólo puede comprenderse partiendo de estas premisas.

No obstante, con ánimo constructivo, entremos en el meollo auténtico de la cuestión que no es otro que la centralidad en la problemática del propio poder judicial. Desde esta perspectiva, es evidente que jueces y magistrados, por su origen y extracción social, por su misma formación, se han acreditado en el pasado como un colectivo esencialmente conservador, con las excepciones que corroboran la norma general. Si a este grupo se le encauza en una determinada dirección por la vía del usufructo de las prebendas, nombramientos, etc. , como sucedió en el periodo de los gobiernos Aznar, incluida la ocupación del órgano clave de la intendencia judicial, como es el CGPJ, las dimensiones de los intereses conservadores se desbocan en este ámbito.

Así se entiende que no sea una cuestión baladí que el 80% de la representación asociativa de los jueces en la CAV se halla en directa contradicción con el 90% de la opinión de los vascos según avalan los procesos electorales.

Como además esos dos conjuntos tienen sus particulares opiniones y las hacen valer, el choque de trenes resulta inevitable sea cual sea el tema, concierto económico, limitaciones territoriales del transporte por carretera, aplicación de la cooficialidad lingüística y otros.

Naturalmente que estamos plenamente de acuerdo con la independencia de los jueces y que los mismos estén sometidos únicamente al imperio de la ley. Sólo que denotamos que los mismos jueces en esta Comunidad y atendiendo a los casos concretos, se sitúan en las posiciones más retrógradas, propias sintomáticamente de las manifestadas públicamente por el partido más a la derecha del arco parlamentario. Lo malo de este tinglado está siendo que los paganos son las instituciones representativas vascas y profundizando algo más, los intereses generales de la CAV.

El bochorno que muy mayoritarias capas de la sociedad de este país sienten ante el acoso y derribo contra la persona del lehendakari -la figura política más valorada por los ciudadanos según todas las encuestas- se acrecentará cuando el instructor de turno le llame a declarar en el curso de la investigación . A algunos, esto nos resultará prácticamente insoportable. Lo mismo que con la mesa del Parlamento vasco, por supuesto. No hace falta tener una gran sensibilidad democrática y autonómica para denunciar lo crispante de la situación.

Pero volvamos al auténtico y actual problema de fondo. Estamos convencidos que los jueces seguirán siendo lo que siempre han sido. No pretendemos obstaculizar su expresión política ni coartar su libertad ideológica; pero ¿sería mucho pedir por mencionar un ejemplo, que esa máquina de clientelismo como parece ser es en la actualidad el CGPJ, sufriera un proceso de descentralización territorial en la línea de lo que esboza el Estatuto autonómico catalán?

La localización de los poderes es, según la mejor doctrina, un medio adecuado para acercar la administración a los administrados y por lo tanto, para un mejor control de la gobernanza. Además serviría para propiciar el conocimiento del derecho del territorio sobre el que prestan su función y para aplicar las reglas de una real cooficialidad lingüística, aspectos claramente deficitarios en el status judicial presente.

No es ésta la panacea pero sería algo a esperar de una magistratura que además de independiente y expresión de la ley, debería de respetar las instituciones políticas representativas. No es que propugnemos la instauración de zonas de impunidad, cerradas al control judicial, lo que deseamos es que dicho control prosiga por parámetros estrictamente jurídicos. Ahora bien, visto lo que hay en nuestro entorno judicial su consecución sea ciertamente dudosa. Mientras todo esto ocurre, sepa el lehendakari que tiene todo nuestro apoyo y solidaridad.