Impunidad e indefensión

Tras la última operación del juez Grande-Marlaska contra la supuesta red de extorsión de ETA el pasado 20 de junio, la declaración de uno de los doce detenidos que menciona confusa y falsamente a Pablo Muñoz y su posterior filtración interesada a determinados medios de comunicación, llevó al director editorial de este grupo a un pronunciamiento público en el que se vio obligado a sostener la obviedad de que "jamás he participado en ninguna intermediación por la extorsión de empresario alguno y considero inmoral e injustificable negociar, facilitar o amparar el pago de cantidad alguna a ninguna organización terrorista", al tiempo que se ponía a disposición de la autoridad "que me requiera para defenderme de las acciones que el declarante me imputa".

Pero una vez que el sumario pasa a manos del juez Garzón, en lugar de recibir una citación judicial para ir a declarar -como exigiría un procedimiento procesal con garantías-, la Policía Judicial irrumpe en la mañana de ayer en el domicilio de Pablo Muñoz, procede a su detención e inmediata incomunicación y registra su casa y su despacho de director en las instalaciones de DIARIO DE NOTICIAS. Toda una actuación efectista, muy en la línea de lo acostumbrado desde la Audiencia Nacional. Era tratado como un delincuente, incomunicado en un calabozo esperando pasar a declarar -a lo que él mismo se mostró dispuesto hace apenas tres días- y privado de presunción de inocencia. Una presunción que también brilló por su ausencia en las numerosas informaciones que salieron ayer en los medios de comunicación, como si el periodismo se hubiera convertido en rehén de los intereses políticos -sí, políticos- que están detrás de esta detención y de otras muchas que han llevado al descrédito absoluto al sistema judicial.

Lacuestión no es defender la inocencia de Pablo Muñoz porque habla por sí misma su autoridad moral y el compromiso con la libertad y los valores de la democracia que ha ejercido a lo largo de una impecable y dilatada trayectoria en el periodismo -en algunos casos pagándolo caro-, sino denunciar la absoluta impunidad con la que determinadas instancias judiciales actúan. La Audiencia Nacional es un tribunal excepcional lo que origina espacios de sombra en los que los principios garantistas del Estado de Derecho aparecen diluidos y, por derivación, los derechos de los ciudadanos vulnerados en la indefensión absoluta.

Esta detención no es, por tanto, sólo un atropello, sino también un intento de castigar una posición editorial crítica tanto con la inmoralidad de la violencia y la extorsión como con todo abuso de poder. Si detrás de este atropello está la idea de extender el manto de la sospecha sobre el grupo editorial que él dirige y sobre las personas que día a día lo hacen posible, seguiremos firmes en el camino que hemos marcado, con una creciente apoyo social y publicitario, denunciando toda violación de los derechos humanos, dando la cara ante la lacra de la extorsión y de la violencia, defendiendo la pluralidad, la solidaridad y la justicia social, apostando por el compromiso empresarial y social con el desarrollo económico de esta tierra, y manteniéndonos fuertes en esos principios y valores ante cualquier abuso de las instituciones, también de las judiciales.