La insistencia con la que Arnaldo Otegi y los demás dirigentes de Batasuna vienen calificando la situación en que se encuentra el por ellos denominado «proceso de superación del conflicto» como «de extrema gravedad» constituye una advertencia que, lejos de amedrentar a las instituciones del Estado y de inquietar a las fuerzas democráticas, refleja el desconcierto en que vive y el nulo sentido de la realidad al que se obstina en aferrarse la izquierda abertzale. La comisión designada por la ilegal Batasuna para negociar con los demás partidos políticos vascos ha sido su expresión más elocuente: una iniciativa que, lejos de servir de emplazamiento a los demás, revela la dificultad que afecta a la izquierda abertzale para percatarse de que el «alto el fuego permanente» de ETA no puede convertirse en la palanca que remueva los cimientos de la convivencia y de la legalidad ni en la España constitucional ni en la Euskadi autonómica.
La izquierda abertzale ha trazado una "hoja de ruta" sencillamente inadmisible para la democracia; guía de la que debería deshacerse cuanto antes. En primer lugar, cree que el alivio generado por el alto el fuego de ETA permite obviar el dolor causado por el terrorismo, las deudas pendientes con la Justicia y la compensación moral a la que son acreedoras la víctimas de la barbarie. En segundo lugar, se empeña en presentar el diálogo entre las fuerzas vascas y sus eventuales frutos como condición previa a la confirmación del cese terrorista como decisión irreversible. En tercer lugar, la izquierda abertzale continúa presentando sus particulares aspiraciones de territorialidad y autodeterminación como si fuesen principios democráticos insoslayables para el conjunto de la ciudadanía.
ETA no ha dicho que su alto el fuego sea irreversible. Pero Batasuna tampoco es capaz de amenazar con que ETA puede volver a atentar. Es evidente que la izquierda abertzale se esfuerza en evitar que los acontecimientos reflejen su derrota política o su ninguneo por parte de la sociedad y sus instituciones. Tan evidente como que la única salida que le queda es admitir las reglas de juego comunes, someterse a la legalidad constitucional y contribuir de buen grado a la definitiva desaparición de las sombras terroristas. Mientras tanto, a las instituciones y en especial al Gobierno de Rodríguez Zapatero les corresponde insistir en que no hay otro camino hacia la paz y la normalización que el recogido en las leyes; y que será a través de las consabidas previsiones legales como la sociedad vasca decidirá sobre su futuro político.
