Las consecuencias de la tregua

Desde esta perspectiva finalista, hay que distinguir distintos conjuntos de medidas y ver cuál es la relación de cada uno de ellos con ese deseado proceso de disolución definitiva de ETA y cuál manifiestamente no lo es.

El primero es "directamente" político y hace referencia al nuevo escenario de diálogo y eventual acuerdo político que va a comenzar en el País Vasco. Tal proceso, que se debería iniciar con una mesa de todos los partidos, tendría que finalizar en un nuevo Estatuto-pacto para Euskadi. Tal como, al parecer, ha sido diseñada la tregua, este proceso político no debe ser ni conectado ni condicionado a las negociaciones que, dirigidas a su disolución, se lleven a cabo con ETA. Ni debe ni puede ser conectado por responder a situaciones diferentes. La decisión de poner en marcha este proceso es muy anterior al inicio de la tregua. Por supuesto ETA puede arrogarse el protagonismo de su puesta en marcha. El deber para con los suyos de todo grupo político que se disuelve es presentar sus decisiones como éxitos. Pero la realidad es que este proceso dirigido a la transformación en profundidad del autogobierno en Euskadi, iniciado ya desde hace bastante tiempo, no tiene que ver con ETA. Ni con su violencia, ni con el cese de la misma. Responde, entre otros factores, a pautas que hunden sus raíces en la propia abolición foral y en los resabios del franquismo.

El segundo conjunto de medidas, indirectamente políticas, sí está conectado con el futuro de ETA. Es el de la legalización de Batasuna y la desactivación de procesos judiciales dirigidos contra sus dirigentes y contra el supuesto entorno social y cultural de ETA (el tristemente famoso macroproceso 18/98, entre otros ). El fin definitivo de la actividad violenta de ETA establece -y está ligado a- la cesión incondicional y exclusiva de su protagonismo y acción a las organizaciones políticas y sociales de nacionalismo vasco radical. Y el ejercicio de tal protagonismo pacífico sólo es posible con el pleno reconocimiento y la legalización de esas organizaciones. Por otro lado, resulta obvio que las mismas (o sus sucesoras) no podrán ser incriminadas por sus conexiones con la violencia, en la medida en que la violencia ha dejado de existir. En consecuencia, resulta bastante urgente tomar decisiones dirigidas hacia esa normalización política desde la superación de la mera represión.

El tercer conjunto de medidas, directamente conectadas con el proceso de desaparición de ETA, hace referencia a los presos y exiliados, a cómo establecer medidas dirigidas hacia una progresiva excarcelación de los presos de ETA al ritmo que ETA vaya demostrando, ahora, su voluntad de inactividad y, más adelante, con actos dirigidos a su disolución.

Los presos están en la cárcel por pertenecer a una organización violenta y/o haber ejercido la violencia obedeciendo a sus designios. Si esa organización violenta desaparece o de hecho deja de actuar para siempre, sin duda permanece el delito cometido, lo que puede excluir una amnistía generalizada, pero lo que sí ha desaparecido es la causa, el motor, del delito. El mismo ha quedado aislado, desgajado, del contexto de peligrosidad, conmoción y temor social que lo calificó como especialmente grave y punible. Este nuevo y desdramatizado contexto es lo que permite "normalizar" las penas y el régimen penitenciario de los delitos cometidos y que se inicie, por tanto, un proceso de excarcelación de los presos tal y como ocurrió con ETA político militar a comienzos de los años 80 con motivo de su disolución.

Este proceso, aunque perfectamente ejecutable en cuanto que en el fondo es sólo un problema de voluntad política, puede que sea largo y jurídicamente complejo. Sin embargo, lo que no tiene por qué dilatarse en el tiempo, ni resulta nada complejo, es tomar medidas inmediatas dirigidas al reagrupamiento de los presos en la prisiones vascas .Y no sólo porque sea una decisión que facilite la profundización en la desmilitarización y humanización del conflicto, sino por que la ley así lo exige. Haya o no violencia y siempre que estemos en un Estado de Derecho.

Tenemos que considerar también el tema de los exiliados. Un conjunto nada desdeñable de personas que por diversas causas han tenido que huir de Euskadi y que, encontrándose en situaciones legales diversas, tendrían que poder regularlas para que a la mayor brevedad posible estuvieran insertados con toda garantía si así lo deseasen.

Finalmente, a diferencia de lo que ocurrió con las víctimas del franquismo, no debemos olvidar a las víctimas de este periodo, a todas ellas. Así, estas medidas dirigidas al favorecimiento de la situación de los presos y muy en concreto las encaminadas a su liberación, así como de los exiliados, deberían acompasarse al proceso de reconocimiento de las víctimas de ETA, en el que debería tener un papel muy destacado la propia ETA.

Es un camino dificultoso y lleno de obstáculos, en el que todos los partidos y agentes sociales deberán estar a la altura de las circunstancias y de la responsabilidad en que incurren. Por ello debería cesar de inmediato ese hostigamiento al proceso de paz que han comenzado los sectores más radicalmente conservadores, así como su persistente mensaje de que no debe haber concesiones políticas. Naturalmente que no tiene que haber concesiones políticas que no cuenten con el respaldo de los ciudadanos. Otra cosa muy distinta es que si se quiere solucionar de forma definitiva el conflicto, habrá que atender las aspiraciones políticas de la mayoría de la sociedad vasca, que hasta ahora han sido sistemáticamente ignoradas.