El alto el fuego permanente, decidido y anunciado por ETA, no es el primer paso en el camino de la paz. Antes de este comunicado hubo que ganarle la batalla política desde el nacionalismo democrático vasco. Hubo que mantener la serenidad frente a los golpes del terror. Hubo que ganar el pulso a los movimientos callejeros desde la más impecable legalidad. Hubo que experimentar e interpretar en términos de futuro la nueva cara de la violencia que nos mostró el 11-M. Y hubo que crear una cultura política en la que es posible compaginar la presión policial con un final dialogado. Ahora viene ETA y, después de treinta y ocho años de confundir la política con la violencia, da un paso más, muy importante, muy esperado y mucho más claro de lo que habíamos imaginado, pero que en ningún caso debe reputarse ni como el principio de un camino que entre todos hemos construido, ni como el fin de un proceso que todavía se adivina largo y lleno de riesgos.
En la medida en que el movimiento realizado por ETA responda, como parece, a las claves manejadas por Arnaldo Otegi y la izquierda abertzale, también podemos decir que antes de que se anunciase este esperanzador alto el fuego hubo que proceder a una profunda diferenciación de la acción política y la acción armada, hasta conseguir demostrar que el recurso continuado a la violencia estaba cerrando muchas más puertas de las que abría, y que una contumaz permanencia en el uso de las armas ponía a toda la ideología abertzale, y a sus más genuinos representantes, en el camino de su absoluto desarraigo social y de su inexorable desaparición. Por eso hay que reconocer que detrás del anuncio de ETA se adivina un fuerte impulso de los proyectos de restauración política del nacionalismo abertzale, que pone a Otegi en el centro del diálogo, y que exige un replanteamiento inteligente de la deriva judicial que, con un inconfundible olor a "juez estrella", se había iniciado contra las cabezas visibles de la ilegalizada Batasuna y de sus organizaciones satélites.
El paso dado por ETA no elimina todas las dificultades que van implícitas en la extinción de un movimiento terrorista que disfrutó de amplios apoyos sociales y que convive de forma muy íntima con otras reivindicaciones democráticas de similar orientación. Todavía hay que hablar del desarme, de la reposición de la normalidad política severamente afectada por la Ley de Partidos, y de la forma en que puede conectarse la aplicación de la ley con la construcción del puente de plata por el que ETA debe de abandonar la lucha armada en dirección hacia los campos abiertos de la política vasca. Y todo eso habrá que hacerlo bajo la amenaza de posibles escisiones, con el riesgo de que actúen comandos incontrolados, sin garantías de que todos los partidos e instituciones del Estado estén a la altura de las circunstancias, y con muchas posibilidades de que este alto el fuego sea interpretado como la victoria de unos y la derrota de otros. Por eso tiene razón el presidente del Gobierno cuando nos llama a coincidir en la esperanza, con plena conciencia de que falta mucho por controlar, y mucho por construir.
El anuncio hecho por ETA da la razón a los que, con vaivenes y contradicciones, fueron insinuando la posibilidad de un fin negociado para la violencia. Frente a los que hemos apostado por esta línea de actuación, que debería facilitar y acortar el final de ETA, todavía persisten en sus tesis los que interpretan todo el proceso como la pura consecuencia del cerco policial y judicial activado, dicen ellos, después de lo que Mayor Oreja bautizara como "tregua trampa". Y no cabe ninguna duda de que, con vistas a orientar los siguientes pasos de este proceso -que no serán rápidos ni encontrarán grandes facilidades para integrar al PP dentro de la estrategia global-, estaremos en un escenario muy diferente si se opta por una u otra interpretación, o si se mantiene la idea de que la actitud férrea de la Audiencia Nacional es una condición legitimadora de todas las demás acciones de pacificación que cabe desplegar desde el Estado de derecho.
Una vez declarado el alto el fuego por parte de ETA, empiezan las grandes y graves preguntas sobre el cómo y el cuándo de los pasos a dar en el inmediato futuro. Por lo que a mí se me alcanza, creo que el proceso será muy rápido en términos sociológicos, y lento, o muy lento, en términos formales y políticos. Porque el ambiente de la paz ya ha empezado a crearse, y porque la reunión de la mesa de partidos convocada por el lehendakari debe tener efectos relativamente próximos -antes en todo caso de las elecciones municipales- en la normalización de la vida política vasca.
En las pocas horas que han transcurrido desde que ETA anunciase el alto el fuego somos muchos los españoles que nos hemos felicitado por algo que ya se vislumbra como una fecunda realidad en el camino de la paz. Y de esa sensación de felicidad, y de su penetración eficiente en la opinión pública, depende en buena parte el resultado final de un proceso que no puede asentarse sin que la paz formal se complemente con una reconciliación real dentro de la sociedad vasca y española. Por eso es tan necesario que el Gobierno mida sus pasos y discursos como que los midan también las personas e instituciones que sufrieron en sus carnes el zarpazo del terror.
El camino que ahora se emprende lo hemos trazado entre todos. Pero sería injusto no reconocer que, más allá del esfuerzo colectivo que llevó a ETA a un callejón sin salida, destaca con singular brillantez el papel de Rodríguez Zapatero. Porque él fue quien abandonó el inmovilismo al que había conducido el pacto antiterrorista, para arriesgar todo su prestigio personal y todo su capital político en una apuesta de paz que era tan necesaria como incierta. Sobre él cayeron las duras acusaciones formuladas por el PP y por algunas asociaciones de víctimas. Y por eso llegó la hora de reconocerle ahora el liderazgo social que puede conducirnos a la paz definitiva. Porque cualquier otra actitud sería injusta, estéril y peligrosa.
