Papeles de Salamanca: reclamación lícita y justa

Nos congratulamos por la noticia, sin duda. De hecho, se han necesitado 67 años para que un Gobierno español acepte que es lícito y justo el que se reclamen los documentos y legajos incautados por los franquistas y archivados en Salamanca. La Comisión de Expertos creada a petición del Ministerio de Cultura y liderada por Mayor Zaragoza dio a conocer en diciembre de 2004 una serie de recomendaciones al respecto. El informe da importancia al concepto de origen y procedencia de los documentos, incide en la necesidad de reparar los daños físicos y morales de los afectados y, asimismo, considera que, son justas y legítimas las razones que avalan la devolución de los documentos a la Generalitat. Todas las recomendaciones del Comité fueron tomadas en consideración en la presentación del Proyecto de Ley en el Congreso de Madrid y el Gobierno español se basó en razonamientos jurídicos harto lógicos en la exposición: el de Cataluña era un gobierno democrático debidamente reconocido por la República. Los catalanes, atendiendo a ese principio establecido, tienen, hoy por hoy, su patrimonio a buen recaudo. Felicidades.

 

El tono ácido de la cuestión viene a continuación. El caso de los papeles incautados al Gobierno Vasco cumple las condiciones marcadas por el Gobierno español. Las Cortes de la República refrendaron el 1 de abril de 1936 la constitución del Gobierno Vasco. Obviamente, estamos ante el mismo material. Pero creo que esta percepción no es única y exclusivamente mía. La Ministra de Cultura no tuvo reparo en declarar en el Senado que dichos “papeles” fueron expoliados con fines represivos. La señora Calvo, hablando de “verdad histórica”, estimó que: “... son algunos de los documentos más importantes de la existencia de esa institución democrática legítima y legal, de un marco constitucional como el republicano, que se expolian con fines de represión (...)”. Creo apreciar cierto paralelismo en las apreciaciones. Así es. Todos sabemos que lo incautado en el Archivo de Salamanca fue un expolio al uso. El 20 de abril de 1937, el Gobierno de Franco creó la Oficina de Propaganda Anticomunista en aras a expoliar todo documento relacionado con el bando republicano. La sede de dicha institución se estableció en Salamanca, capital en aquella época del bando sublevado. En junio de 1937, tras la toma de Bilbao, comienza la usurpación. El objetivo de la Oficina de Propaganda era claro: recuperar, clasificar y guardar todo documento vinculado a organizaciones y personas contrarias al Movimiento Nacional. A medida que el Frente va tomando posiciones, el expolio se ve incrementado. Partidos políticos, sindicatos, ayuntamientos, colectivos, particulares y medios de comunicación se ven afectados. Por lo que, estaría en lo cierto al afirmar que, la denominación de “archivo” tiene su punto de eufemismo. Los responsables no tenían intención alguna de archivar documentos. Los sublevados requisaron y expoliaron lo incautado con métodos represivos. Es más, dichos métodos se perpetuaron durante toda la Dictadura. Tales actitudes no se suelen relacionar normalmente con la práctica archivística . ¿Represión? Podría ser la acepción más correcta. Mediante represión se ejerció el expolio.

 

Expolio, represión, incautación... Coincidimos en todas las calificaciones. Cumplimos, asimismo, las condiciones exigidas al respecto; es decir, que el Gobierno Vasco era un gobierno debidamente reconocido por la República. La única duda que me surge es la siguiente: ¿cuál es exactamente el impedimento que nos distancia en todo este debate?. Las percepciones se asimilan, entonces, ¿qué dificultad habría en pasar de las palabras a los hechos?. Tenía entendido que en el campo de juego todos los jugadores tienen los mismos derechos. No hablamos de vencedores y vencidos, tampoco de armas políticas. Justicia, es lo único que pedimos. El Gobierno de Rodríguez Zapatero, siendo la ley igual para todos, por la misma causa y las mismas razones, debería y debe hacer lo mismo, sin necesidad de reclamación, con los papeles del Gobierno Vasco. Los documentos originales sólo tienen sentido en su ubicación natural, que no es otra que el Centro de Patrimonio Documental del Gobierno Vasco, IRARGI, y, en un futuro próximo, en el Archivo Nacional de Euskadi, que se construirá esta legislatura.