Recientemente la Caja Vital -controlada por el Partido Socialista- y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz -gobernado en minoría por el Partido Popular- han firmado un protocolo de intenciones para la permuta de bienes entre ambas entidades. El acuerdo fue presentado en sociedad de forma solemne por los máximos responsables de las dos instituciones como una operación beneficiosa para el interés público y equilibrada desde el punto de vista financiero.
La permuta de bienes consiste en que Caja Vital compra al Ayuntamiento el convento de Betoño y 16.500 metros cuadrados de terreno en Lakua a cambio de 2,5 millones de euros y la recuperación del uso del Palacio Elvira Zulueta, edificio municipal cedido en su día a la Caja para ubicar en él la Fundación Sancho el Sabio. A primera vista todo parece correcto y maravilloso, pero, una vez analizado el protocolo en profundidad, la cosa empieza a tomar otro cariz bien distinto.
Según el documento en que se recoge el acuerdo, éstas son las valoraciones de los bienes a permutar. Aportación del Ayuntamiento: parcela y edificio donde se ubicaban el convento e iglesia de las carmelitas de Betoño (más de 2,5 millones) y terreno en Lakua (casi 3,2 millones). Aportación de Caja Vital: renuncia a la cesión indefinida del Palacio de Zulueta (3,2 millones) y abono en metálico de 2,5 millones.
Si hacemos una simple suma, comprobamos que los dos bienes que obtiene Caja Vital están valorados en 5,7 millones, pero curiosamente sólo aporta 2,5. Para “cuadrar” la operación dicen que el Palacio de Elvira Zulueta vale 3,2 millones de euros. ¡Como si fuera suyo! ¡Menudo negocio! Para la Caja, claro. Sobre todo si tenemos en cuenta que este inmueble, insisto, ha sido y es propiedad municipal. En resumidas cuentas, este acuerdo supone una clara lesión del interés público a favor en este caso de una entidad financiera que por puros intereses partidistas firma una operación redonda envuelta en ese halo de obra social que pretende justificarlo todo. Como si esto de la obra social de la Vital fuera una graciosa aportación de la entidad y no una exigencia a la que están obligados por ley.
En cambio, otros agentes educativos o deportivos de la ciudad que buscan parcelas en las nuevas zonas de expansión para desarrollar proyectos dirigidos igualmente a la ciudadanía -mediante compra, cesión de uso o concurso público- pasan por un auténtico calvario, bien porque no resultan simpáticos al equipo de gobierno o bien porque no tienen la capacidad de influencia ni el pedigrí que poseen otros. En definitiva, desde que el Partido Popular gobierna en nuestra ciudad hay personas de primera y de segunda o, mejor dicho, no todas tienen las mismas oportunidades para poder desarrollar sus proyectos.
Para rematar todo esto y verificar que la Caja Vital ha encontrado un auténtico chollo con el Ayuntamiento, recientemente se ha procedido a actualizar los precios de alquiler que éste paga a la entidad financiera por el uso, por ejemplo, del edificio de oficinas municipales de la calle Dato. Pues bien, esta actualización supone que desde el año pasado -y con efectos retroactivos- se subirá el 90%. Es decir, si hasta 2004 el Ayuntamiento pagaba 219.183 euros, ahora va a pagar 387.366, y eso que el Ayuntamiento es institución fundadora de la Caja.
No es de extrañar que tras la consumación de estas últimas actuaciones, pensemos que, una vez más, el gobierno municipal del PP no defiende el interés público. Pero es que además en este caso se da la agravante de que Javier Maroto, concejal de Hacienda y responsable directo de ambas operaciones, también es miembro del consejo de administración de la Caja Vital. ¿Por qué últimamente en las decisiones de Maroto no prevalece su condición de concejal de Hacienda, sino la de miembro del consejo de administración de la Caja Vital? Tiene que ser curioso verle negociar consigo mismo ambas cuestiones. Sencillamente alucinante. Pero también cabría preguntar al concejal socialista y vicepresidente de la entidad financiera, Juan Carlos Alonso, por qué en este caso no ejerce de oposición y no utiliza la vehemencia de otras ocasiones para denunciar la no defensa del interés público por parte del gobierno municipal.
Sencillamente creemos que nada justifica esta torpe y nefasta gestión de los dineros públicos, salvo que detrás de todo ello única y exclusivamente prevalezca el interés de socialistas y populares por mantenerse en sus correspondientes sillones de la manera más cómoda posible, como si de un coto privado se tratara. Quizás el acuerdo presupuestario recientemente alcanzado tenga algo que ver con este reparto de sillones y con este emparejamiento de conveniencia que reeditan PP y PSE en tierras alavesas y gasteiztarras.