La ministra de Cultura, Carmen Calvo, visito ayer Euskadi y, coincidiendo con la llegada de los papeles de la Generalitat incautados en la Guerra Civil de Salamanca a Catalunya, aireó a los medios de comunicación su orgullo por pertenecer a un Gobierno que, según sus palabras, "ha sabido hacer algo justo con la historia de nuestro país, con la memoria y con la identidad de Cataluña".
Un Gobierno que ha logrado que "los papeles estén donde tienen que estar", añadió. Es de agradecer que la ministra se haya expresado con tanta claridad, precisamente en Euskadi, ya que desde la misma Comunidad Autónoma que ayer mismo visitó se han sucedido las peticiones oficiales para que muchos documentos que se encuentran en ese mismo archivo de Salamanca vuelvan a su destino original. Al lugar de donde fueron robados. La misma emoción y la misma sensibilidad que se ha desplegado en el caso de los papeles que fueron incautados al Gobierno legítimo de Catalunya debería demostrarse en el caso de Euskadi, cuyo Gobierno -también legítimo- y cuyos ayuntamientos - legítimamente constituidos- vieron cómo parte de su legado histórico quedaba como botín de guerra en un archivo en el que llevan ya cerca de 70 años.
la reclamación de estos archivos no se produce ahora. Se remonta a 1978, cuando el Gobierno Vasco realizó la primera petición oficial y los ayuntamientos vascos, con una representación política muy plural, hicieron lo propio a partir de 2002.
En este tiempo, se ha avanzado en la catalogación de los documentos existentes y en un compromiso del presidente Rodríguez Zapatero de que todo lo que se pactara con Catalunya en este capitulo serviría también para Euskadi, afirmación que hasta el momento no se ha materializado. Si en el caso de los catalanes una ley ha hecho posible la restitución de los papeles a su lugar de origen ante la existencia de una continuidad histórica entre la Generalitat de la Republica y el Gobierno actual, esa misma ley a la carta no ha tenido como destinatarios los archivos de Euskadi, con lo que se ha perdido una oportunidad histórica para restituir la legalidad y devolver a las instituciones vascas parte de la historia que le fue robada tras el alzamiento militar del 36.