El fondo de la cuestión

La falacia de este discurso reside en que, de verdad, no se trata en absoluto de una preocupación real sobre la igualdad, en todos los órdenes, de los hombres y mujeres, de carne y hueso, sino sobre su diversidad. Especialmente, la de determinados colectivos socio-políticos.

Y así, todos seríamos supuestamente iguales, pero esto no impide que sean justamente los mentores de la misma quienes nieguen, con la misma contundencia, determinados derechos políticos bien sea de reunión, de manifestación, de libertad de expresión, de consulta o de lo que sea, a determinadas personas o colectivos, según les convenga políticamente. Como está ocurriendo estos mismos días. O se esté procediendo, prácticamente a diario, a aplicaciones manifiestamente desiguales de la justicia, entre personas y colectivos, como asimismo viene ocurriendo estos mismos días. O, no menos, nos toque asistir, tantas veces, al espectáculo bochornoso de ver compaginar, sin decoro alguno, prácticas de desigualdad social y económica, entre personas y territorios, y pretendidos discursos igualitarios.

La supuesta igualdad de techo estatutario de catalanes y vascos constituye simplemente una variación parcial más de esta furia igualatoria. Una parte de la ceremonia de la confusión que se está practicando estos días. Existe obviamente una igualdad básica entre vascos y catalanes. Unos y otros constituimos y tenemos una vocación mayoritaria clara de ser una nación diferenciada de la nación española. Esa igualdad es la que nos hace igualmente acreedores, a unos y a otros, a un derecho básico: el de autodeterminación, sea cual sea la formulación que se quiera dar hoy o se pudo dar en el pasado a la misma. Pero es también esa igualdad de fondo la que, de inmediato, nos da pie para un desarrollo propio, diferenciado en contenidos y ritmos, de las respectivas personalidades políticas. Para los nacionalistas, vascos y catalanes, los respectivos Estatutos de Autonomía constituyen formulaciones parciales de esta manera de ver las cosas. Los hoy en vigor y los que ahora mismo, unos y otros, venimos planteando para el futuro.

Pero, además, uno hubiera creído que esta visión ‘‘nacionalista’’ de la igualdad y de la diversidad entre autonomías, incluidas la vasca y catalana, había pasado a ser algo compartido, siquiera parcialmente, por el resto de las fuerzas políticas estatales, esas que con tanta pomposidad como con escaso fundamento, al menos en este campo, se declaran constitucionalistas. La Constitución, y no digamos nada, el llamado bloque de constitucionalidad abrió ya la puerta, creímos que definitivamente, al tratamiento diverso de los diversos problemas territoriales. Tanto a la hora del acceso a la autonomía, como a la hora de sus contenidos, como salta a la vista del análisis más somero que se haga de los diferentes Estatutos de autonomía, hoy en vigor. Por ejemplo, de los Estatutos de Gernika y de Sau. Las diferencias entre ambos son ya conocidas. Pensar que éstas van a dejar de existir en el futuro podría constituir una ingenuidad, si no fuera porque encierra, en su fondo, ese deseo, nunca del todo desaparecido y hoy tan reavivado, de proceder a la igualación no de los techos estatutarios, entre este y aquel Estatuto, sino de sus suelos. Se trataría, en el fondo, de hacer tabla rasa inclusive de las diferencias (‘‘errores políticos’’, dirían algunos) constitucionales reconocidas allá por el año 1978.

Ése es el fondo de la cuestión.