Discriminaciones en la Universidad

La primera, la más grave e insistentemente aludida, es la que se deriva de la actuación del terrorismo y su incidencia en profesores y alumnos universitarios. Agresiones físicas que tienen un amplio recorrido desde aquella terrible fecha del otoño de 1980, en la que ETA Político-militar asesinó al profesor de la Facultad de Derecho Juan de Dios Doval; vil crimen que dio pie a una fuerte reacción de los colectivos del centro donostiarra (manifestaciones, declaraciones de condena de su Junta, actos académicos...); aunque también se echara de menos la presencia de actuales adalides del frente antinacionalista, que antaño se hallaban cómodamente instalados en las alturas del Olimpo, por aludir a un promontorio de fácil localización donostiarra.
Años ciertamente turbulentos, en los que parecía un hecho irrelevante el mismo ametrallamiento del despacho del rector en Leioa, y que desembocaron en la actualidad en la tragedia de la amenaza, el insulto, cuando no en un nuevo asesinato en la persona del magistrado y profesor de Deusto, José María Lidón.
Una vez más y sin que nos pese la reiteración, debemos mostrar nuestra repugnancia ante estas actitudes, así como nuestra solidaridad con los agredidos, sin matización de ninguna especie.
No podemos menos de citar un segundo espacio de discriminación: el que se refiere a aquellos alumnos que deseando estudiar en una Universidad concreta se les impide el ejercicio de dicha posibilidad, por la razón de estar internos en un centro penitenciario. Presos de ETA y de organizaciones similares a los que se les priva paladinamente del "derecho al estudio en la Universidad de elección" (artº 46.2 a) de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades). Es notorio que a estos estudiantes se les ha escamoteado desde las instancias centrales el citado derecho que, sintomáticamente, es el primero de los citados en la Ley Orgánica como derecho de los estudiantes.
Primarán razones de estado para tal prohibición, pero resultan difícilmente compatibles con el fin de la resocialización de presos, en proclamación constitucional, así como con la consideración como un servicio público de toda Universidad caracterizada también como pública.
La situación se agrava cuando además de tal impedimento, se comienza con una auténtica -e insostenible-caza de brujas contra cargos representativos, profesores y miembros del PAS, bajo la acusación de favorecer, de diversa forma, a presos de la mencionada organización. Una última demostración en esta dirección ha sido la publicación sintetizada de un informe de la Guardia Civil, emitido a instancias de la Fiscalía central, en la que aludiendo a una "trama", propiciada por ETA, se alude a la colaboración de determinadas personas universitarias. El desprecio -o no aprecio- de dicho informe por la mencionada Fiscalía, no impide la denuncia de ese cuadro de sospechas que superan ya lo soportable y se introducen en lo absolutamente inadmisible.
Un tercer ámbito discriminatorio merece ser mencionado en estos momentos. Esta vez más sutil, más difícil de probar, sin apenas ecos mediáticos, y sin embargo ahí está. Nos referimos a la apreciación de las trayectorias políticas precedentes -algunas se remontan a los tiempo de Mari Castaña o de la transición política- en relación a determinados candidatos a puestos docentes funcionariales. Haciendo dejación de principios inherentes a la vida universitaria, al menos secularmente, como el de la pluralidad, independencia, neutralidad y respeto por todas las ideologías, se decide finalmente por las preferencias políticas de los miembros del Tribunal concediendo la plaza según la afinidad mayoritaria en dicho órgano.
La conocida frase del miembro de un Tribunal -"ningún profesor nacionalista puede ser catedrático español"- expresa la carga ideológica de determinadas decisiones que, por desgracia, se han producido en diversos centros de nuestra Universidad.
Postura que nos retrotrae a las famosas "oposiciones patrióticas" de la posguerra o a aquellos Tribunales de los años 50 y 60 del pasado siglo en que las cátedras se cubrían por los adictos al régimen, obedeciendo los Tribunales las órdenes de la superioridad, el ministro naturalmente.
Nos parece pertinente en este espacio citar un nombre, no por ser una isla solitaria, sino por representar el papel exponencial de una discriminación. Nos referimos a Francisco Letamendia, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información, "rara avis" de un profesor poseedor de tres sexenios de investigación, concedidos por la Comisión Nacional evaluadora de la actividad científica, que no es todavía catedrático de Universidad. Es conocido en el mundo universitario, que habiéndose presentado a una plaza de tal categoría solicitada por su propio Departamento, fue abruptamente suspendido en el primer ejercicio relativo a los méritos de los candidatos. Los acreditados y numerosos méritos en la investigación, en el aprecio de sus alumnos, en sus múltiples publicaciones, no fueron mínimamente tenidos en consideración, resultando así su fulminante exclusión.
La nebulosa de la existencia de parcialidad en la decisión supuso que la Comisión de reclamaciones de la Universidad revocara la decisión del Tribunal, aunque finalmente un juzgado se ratificara en el juicio del Tribunal.
Caso que admite reproducciones similares en otras oposiciones y concursos, y que obliga a un esfuerzo reiterado para su marginación de la Universidad. Es por ello, que quienes nos dedicamos a la docencia e investigación universitarias; quienes partimos del respeto a la pluralidad y a la libertad de todas las ideologías existentes en el recinto universitario; quienes opinamos que no pueden existir estudiantes de primera y de segunda clase; quienes finalmente nos decantamos por la neutralidad e independencia política consubstancial a nuestra "alma mater", propugnamos la desaparición de todo tipo de discriminación en el espacio universitario, siempre considerado como de libertad y respeto.