señalábamos, en la primera parte de este artículo, que el argumento central de Robert Schuman, como responsable francés de la cartera de Asuntos Exteriores, se basaba en el grito desgarrador de ´No más guerras´ y en su declaración agregaba: "La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos equiparables a los peligros que la amenazan". Los países firmantes del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero mostraron su ilusión y esperanza. Nacía una nueva Europa y se nombraba como presidente de la Alta Autoridad a Jean Monnet, autor del proyecto.
La semilla de la CECA condujo en 1957 al Tratado de la Comunidad Económica Europea (CEE) firmado en Roma, donde la alta autoridad se ampliaba a otros aspectos económicos con el objetivo de gestionar y administrar las riquezas naturales del continente europeo. Pero también establecía un principio de solidaridad y cohesión social que redujera las diferencias socio-económicas entre las distintas regiones.
Es decir, los firmantes del Tratado de Roma asumían un proceso por el que los países ricos ayudarían a los pobres.
Es posible que el primer presidente de lo que hoy conocemos como Comisión Europea presintiera lo que décadas más tarde es una evidencia: el NO cumplimiento de las bases ideológicas fundacionales y el escaso avance en aspectos políticos y sociales.
Bien es cierto que aquellos primeros pasos comunitarios no tenían motivo para generar crisis de identidad y objetivos, porque sus miembros (Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) no presentaban las diferencias socio-económicas que se han registrado en posteriores ampliaciones, especialmente la última con la llegada de diez países que estuvieron en la órbita comunista de la Unión Soviética.
Se visualizaba ya la globalización (aunque se desconocía el término) de carácter neoliberal, cuyos resultados más evidentes residen en el creciente e imparable beneficio empresarial que se apoya en un mercado sin aranceles y en la precariedad laboral, al tiempo que se erosiona el estado de bienestar porque la fiscalidad se reduce para favorecer las políticas empresariales y el consumo, aunque el envejecimiento de la población demande más servicios públicos que la falta de recursos no puede garantizar.
Llegados a este punto, los gobiernos de los países miembros de la UE han abandonado definitivamente la ideología europeísta y defienden ser menos contribuyentes a los presupuestos o no dejar de ser receptores de las ayudas, para hacer ver a sus ciudadanos que defienden sus intereses, cuando en realidad no quieren perder votos ni reconocer que el sistema neoliberal que prima el consumismo está empobreciendo a la sociedad.
El objetivo primordial reside en no aceptar nada que vaya en contra de los intereses de cada país miembro. Curioso y paradójico porque, por ejemplo, el Gobierno español apela a los "intereses nacionales" en Bruselas y reclama la solidaridad entre las Comunidades Autónomas.
Pues bien, la UE actual está formada por 25 socios y tres grandes grupos: los contribuyentes netos que quieren dejar de serlo para hacer frente a los problemas presupuestarios; los desarrollados merced a las ayudas comunitarias y quieren seguir recibiéndolas; y los han ingresado en el club europeo con la finalidad de abandonar la pobreza y el subdesarrollo que padecen.
Lo cierto es que no estamos hablando de unos problemas o carencias humanistas de la sociedad europea. La insolidaridad se extiende por todo el mundo de la mano de las grandes potencias que se niegan a firmar el Tratado de Kyoto (EEUU) o niegan a los países pobres una mínima posibilidad para superar el subdesarrollo económico, al rechazar la supresión de aranceles y subvenciones agrícolas en el seno de la Organización Mundial del Comercio.
Pero volviendo al tema europeo, los ejemplos son claros y evidentes. Así, Alemania, contribuyente neto, reclama aportar menos a la UE para reducir su deuda pública y anuncia recortes sociales. Francia, la gran impulsora europea, no quiere dejar de recibir las ayudas a la agricultura, que calmarán los ánimos del sector primario. Gran Bretaña se niega a dejar de cobrar un injusto cheque, aunque ya no lo necesita. Por último, España, que ha sido receptora en los 20 años que lleva dentro de la UE, desea seguir siéndolo aunque las condiciones (PIB per cápita) sobrepasen los máximos exigibles para ello.
Al otro lado de la balanza, los nuevos países miembros llegan a la UE con intención de reclamar las mismas ayudas que otros países han tenido para salir del subdesarrollo, pero la reducción presupuestaria en 2007-2013 restará medios económicos a los más necesitados. Claro que tampoco los nuevos miembros comulgan con los principios europeístas, sino que buscan los beneficios que ofrece la UE.
Nadie habla del proyecto de unión política, que también formó parte de los objetivos primigenios de la CEE. Las instituciones europeas (Comisión, Consejo y Parlamento) carecen de carácter democrático, si exceptuamos al Parlamento, pero su poder está condicionado al de los dos que le preceden. Leo Tindeman, exprimer ministro belga y redactor en 1975 de un informe sobre la Unión Política señalaba, años más tarde, que "el carácter democrático, exigible a todo país que aspire a formar parte de la Unión, invalidaría el ingreso de la propia UE porque carece de instituciones democráticas.
Abundando en el tema, Jacques Delors, que ha sido presidente de la Comisión Europea en la época más constructiva del europeísmo, llegó a decir que el proyecto de Unión política como "objeto político no identificado"
Un panorama difícil, consecuencia del olvido que hace Europa de su historia y su ideología. Medio siglo después de la puesta en marcha del más ambicioso proyecto solidario, la ciudadanía europea no se identifica con los principios que la hicieron posible, se mueve entre parámetros hedonistas, desconoce su pasado y no sabe hacia dónde camina. Sin una ideología humanista y solidaria que cohesione los pueblos del viejo continente, sólo cabe preguntar…: Quo vadis, Europa?