Al examinar la LOE inevitablemente ha de compararse con la legislación actualmente en vigor, la LOCE, impulsada con el rodillo de la mayoría absoluta de Aznar. La conclusión es clara, tanto en términos educativos como de respeto a las competencias autonómicas, la nueva LOE es preferible para Euskadi, Dicho eso, tampoco puede afirmarse que sea completamente satisfactoria.
Desde el primer momento el Grupo Vasco manifestó su convencimiento de que la enseñanza debe entenderse como un sistema con dos redes, pública y concertada, complementarias y nunca antagónicas, ambas igualmente importantes. El texto inicial planteaba muchas dudas en ese ámbito, incluyendo la libertad de elección por parte de los padres, que ciertamente han sido corregidas en gran medida gracias a las enmiendas presentadas.
Nuestro otro gran foco de atención era el respeto al ámbito competencial vasco. En ese campo se han hecho algunos progresos pero aún quedan asuntos que deberían ser adecuados, desde reducir el número de artículos básicos pasando por el respeto de la competencias autonómicas a la hora de elaborar algunos procesos educativos, sin olvidar el gran asunto de la financiación que en nuestro caso debería ser concertada para evitar espectáculos como los habidos en los sucesivos descuentos de cupo por parte de Gasteiz y Madrid en materia de sanidad.
Curiosamente la polémica en Euskadi parece centrada únicamente en el porcentaje de contenidos mínimos básicos de las asignaturas que deben ser idénticos en todo el Estado. Es evidente que el texto de la LOE tal y como quedaría hoy es un retroceso en cuanto a la LOGSE e incluso en cuanto al texto inicialmente presentado al Congreso que señalaban que los contenidos podrían ser comunes hasta el 55 por ciento. Ahora se dice que será el 55 por ciento, ni más ni menos. Y el motivo de ese cambio impulsado por el PSOE es el miedo escénico a la presión del PP al señalarle como promotor de una supuesta educación desvertrebradora del estado. En opinión del Grupo Vasco no es de recibo que se modifique en sentido favorable al estado algo que ya había sido aceptado por el propio gobierno español. Pero además pensamos que esos contenidos básicos deben ir encauzados en los términos de aquellas capacidades básicas definidas como comunes en el ámbito Europeo. Esto es, si cada vez hablamos más de un espacio educativo europeo, es éste el que debe informar los contenidos comunes y dejar a la idiosincrasia de cada nación o comunidad autónoma la capacidad de adaptarse a su sociedad. Todo ello sin perjuicio de dejar en su caso suficiente margen de decisión a los centros para que éstos, también en el ámbito del currículo, puedan competir entre ellos, lo que redundará sin duda en la mejora de la calidad de la enseñanza.
En cualquier caso, el problema no está tanto en los porcentajes como en el desarrollo reglamentario que el gobierno haga. Sabemos lo hecho hasta ahora, que siempre ha sobrepasado con creces ese margen del 55%, como se evidencia en lo que ocupa en la práctica en horas lectivas. Hay que decir que somos el único grupo, digo bien, el único, que ha solicitado debatir y votar sobre las cuestiones de porcentaje en el próximo pleno del día 15 donde se aprobará la ley a la espera de su pase al senado.
A la expectativa de ver qué es lo que sucede con nuestras reivindicaciones en diferentes artículos en materia autonómica durante el próximo pleno y de un examen final de la ley en su conjunto, tomaremos la decisión del sentido de nuestro voto.