Editorial
Iritzia
Diario de Noticias de Álava
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció por sorpresa el pasado lunes una sustancial rebaja en el tipo del Impuesto de Sociedades, tributo que grava los beneficios de las empresas.
Aunque ni el jefe del Ejecutivo español ni ayer el ministro de Economía, Pedro Solbes, concretaron la fecha en la que se materializará el cambio, lo cierto es que supone una rebaja importante -del 30% hasta el 25% en el caso de las pequeñas y medianas empresas y del 35% al 30% en el de las grandes sociedades- que tendrá repercusiones económicas y laborales y que acerca el tipo impositivo a la media europea.
Con esta medida, se pretende fomentar la creación de empresas y, al mismo tiempo, evitar la deslocalización de las mismas, un riesgo cada vez más evidente y más presente en nuestra sociedad, lo que supondría un incentivo para la creación de empleo o para evitar su destrucción. Es imposible soslayar, sin embargo, que este anuncio se produce en medio de una importante polémica en Euskadi, sobre todo después de que el Tribunal Supremo declarase ilegal el tipo aplicado por la diputaciones forales vascas (del 32,5%, es decir, 2,5 puntos por debajo del del Estado), por ser discriminatorio con respecto al resto de comunidades autónomas, y de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulase también el nuevo gravamen adoptado por los entes forales tras la sentencia.
Es decir, que los tribunales han puesto en cuestión de forma clara, guste o no -y no parece gustar a nadie, salvo a comunidades limítrofes como La Rioja-, la capacidad de las diputaciones para establecer un tipo propio inferior al marcado por Madrid. Por eso, se entiende poco que responsables forales opinasen ayer que la rebaja anunciada por Zapatero les da la razón. Evidentemente, se la da en cuanto a la necesidad de establecer un tipo inferior, pero de ninguna manera respecto a la capacidad de fijar un criterio propio. Es el clásico dilema entre el fuero y el huevo. Lo que sí parece haber abierto Zapatero con su anuncio es una puerta para que las diputaciones tengan la posibilidad de readaptarse y avenirse a fijar un tipo común. Pero eso sería tanto como renunciar al derecho que les asiste en virtud del Concierto Económico a establecer normas propias. Es decir, renunciar al fuero, a la esencia, y quedarse con el huevo.