Vascos sin papeles

Dicha documentación se encuentra en el denominado Archivo de Salamanca, que tuvo su origen en un auténtico almacén de documentación para la represión organizado por Franco. Ya en 1938 se creó la DERD (Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos), cuyo fin único fue recopilar la documentación de todo tipo que encontraban las tropas de Franco a medida que iban avanzando. Así, se entremezclan en un "totum revolutum" papeles oficiales con cartas íntimas de personas a sus familias. Todo servía si con ello se conseguía identificar y perseguir a gente desafecta al régimen.

Ese almacén, custodiado hasta los primeros años de la democracia por guardias civiles jubilados, y que era de imposible acceso tanto para investigadores como para el público en general, fue recopilando papeles vascos no sólo en Euskadi sino también en otros lugares, como la documentación de las delegaciones del Gobierno vasco en Madrid o los requisados en Santander durante la retirada del ejército vasco. O incluso en Barcelona, donde nuestro Gobierno tuvo su sede durante los años finales de la guerra. Ni que decir tiene que los papeles de los ayuntamientos vascos (Eudel ha identificado al menos 40 de ellos) y de numerosos partidos políticos e incluso de particulares también fueron robados por los franquistas. Manuel de Irujo dejó escrito que en aquel lugar había una «montonera» de papeles que le pertenecían. Esos papeles vascos, de propiedad institucional, suponen en conjunto un 0"5% de toda la documentación existente en Salamanca. Una documentación perfectamente identificada y localizada.

Los movimientos para la recuperación de la memoria histórica han ido cobrando fuerza en los últimos años. Y justo es reconocer que han sido los catalanes a través de la plataforma "Comissió de la Dignitat" quienes han llevado el peso de las reclamaciones. Pero también las instituciones vascas han pedido insistentemente su documentación. Tanto Eudel como el Gobierno vasco, cuya consejera de Cultura remitió por escrito, por citar sólo las más recientes, dos peticiones de solicitud de conversaciones sobre el tema el 17 de enero y el 20 de junio de 2005, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta.

También ha habido reclamaciones vascas en las Cortes Generales de manera continuada. En respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo del PNV, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, afirmó literalmente que «el Gobierno se compromete a hacer efectivo el acuerdo que se alcance, y ello es válido, obviamente, para las aspiraciones de las instituciones vascas». Era el 2 de junio de 2004. A principios de 2005, a requerimiento del mismo grupo, volvió a repetir sus palabras. Sin embargo, las iniciativas planteadas en el Congreso para la devolución de los papeles vascos eran rechazadas sistemáticamente, sin que los representantes socialistas fueran capaces de dar ninguna razón para el rechazo y señalando en privado su esperanza en que el tema se solucionaría en el futuro.

Cuando por fin llega al Parlamento el proyecto de ley remitido por el Gobierno español para la devolución de los papeles de Salamanca, la perplejidad es evidente al apreciar que la documentación del Gobierno vasco no está contemplada. Perplejidad provocada no sólo porque la palabra del presidente del Gobierno quedaba incumplida sino porque la justificación jurídica para proceder a la devolución era la existencia de un gobierno autónomo debidamente reconocido por la Republica y que posteriormente vuelve a recuperarse a través de la Disposición transitoria segunda de la Constitución. Bajo esas mismas bases jurídicas hay otro caso además del catalán, sólo uno: El Gobierno vasco.

¿Cómo es posible que de dos casos idénticos se dé satisfacción sólo a uno? El tipo de material es el mismo: Documentación de los departamentos gubernamentales. Cuando la ministra dice que son diferentes porque entre los catalanes se hallan las actas del Estatuto de autonomía hace el ridículo. A Catalunya no se le devuelven sólo las actas del Estatuto, sino su documentación departamental y ello sobre unos razonamientos jurídicos idénticos al caso vasco, como ya he señalado.

¿Cuál es entonces la razón de esta discriminación hacia los papeles vascos? Es sencillo. El Gobierno español no ha buscado una restitución en justicia, sino mantener el apoyo parlamentario de sus socios de ERC, que fijaron desde el principio de la legislatura esa devolución como condición "sine qua non" para mantener su apoyo. Si se hubiera buscado la justicia, lo lógico era haber incluido al Gobierno vasco, pues es más que improbable que con la escandalera que suscitó el traslado vaya a reabrirse un nuevo proceso en el futuro inmediato.

Recientemente, la plataforma Aldaketa ha anunciado una campaña pública para que la fundación Sabino Arana entregue la documentación del Gobierno vasco que obra en su poder. Es curioso que esta plataforma próxima al PSOE haya cogido el testigo del PP en esta materia. Cuando la diputada del PP elegida por Bizkaia Marisa Arrúe sacó el tema a colación en una comisión de Cultura del Congreso en la que votó "no" a devolver papel alguno, tuvo ya que oír de los representantes catalanes su agradecimiento a la fundación Sabino Arana por haber procedido hace años a la entrega voluntaria de los papeles del Gobierno catalán que obraban en su poder, para que fueran depositados en el Archivo nacional catalán constituido poco antes.

Papeles que la Fundación en ningún caso expolió ni robo, a diferencia de los de Salamanca, sino que fueron salvados gracias al celo de gentes que creían en la legalidad republicana y fueron haciéndolos llegar hasta Villa Izarra, donde el trabajo y dedicación de Ander Barrutia y su familia logró preservalos para las generaciones posteriores. Gracias a ellos, todavía existen esos papeles. Documentos que además han estado abiertos a la consulta de cualquier interesado, también investigadores de cualquier ideología. Desde alguno que los utilizó para escribir tesis doctorales antinacionalistas vascas, hasta otros que tomarán parte en las mesas redondas que Aldaketa ha anunciado para los próximos meses. Y nunca se ha restringido a nadie la consulta a un número limitado de legajos diarios, fotocopiando cualquier interesado todos los que considerara oportuno para hacer más fácil su labor.

Muchos de los documentos de la Fundación Sabino Arana corresponden al Partido Nacionalista Vasco, otros son documentación personal de muchos donantes, otra parte es documentación oficial del Gobierno vasco felizmente preservada. Esta última parte encontrará a buen seguro en un futuro un lugar en el Archivo Nacional Vasco que el actual Gobierno contempla crear en esta legislatura. Confiemos en que uno de los portavoces de Aldaketa, que anteriormente fue consejero de Cultura del Gobierno vasco y miembro del EBB del PNV, y que en su momento no quiso o no supo impulsar ese Archivo Nacional Vasco, no ponga pegas ahora a su creación.

Y den por seguro que aunque la ley abre un resquicio para la reclamación por parte de particulares privados de sus papeles, mientras no se devuelva la documentación a las instituciones, algunos parlamentarios vascos, sólo algunos, continuaremos reclamando los papeles robados del Gobierno y de los ayuntamientos vascos que aún están en Salamanca.