Quienes desde posiciones nacionalistas aspiramos a un proyecto de construcción nacional vasco y reclamamos el reconocimiento de los derechos colectivos que como pueblo nos asisten somos plenamente conscientes de que tal aspiración esta íntimamente ligada a la consecución de una sociedad cohesionada y estructurada, donde funcione la igualdad de oportunidades, se tenga acceso a un nivel de bienestar social digno por parte de todos los ciudadanos y se garantice la aplicación de los derechos individuales y colectivos; derechos que, para nosotros, siempre deben actuar en una relación unívoca.
Sin embargo, cuando un Gobierno como el de Navarra considera intocable el gasto en obras públicas pero no escatima en recortes presupuestarios de Bienestar Social, Salud o Educación, algo no está funcionando como debiera. Y el Gobierno de Navarra lleva años hablándonos de inversiones, de grandes infraestructuras como el Canal de Navarra, de proyectos estratégicos como Senda Viva, pero está dejando de lado uno de los pilares de cualquier Comunidad cohesionada como es el mantenimiento del estado de bienestar.
El gasto social es un factor clave si de verdad queremos construir una Navarra cohesionada, capaz de afrontar retos inminentes como el fenómeno de la inmigración, el envejecimiento de la población, la aparición de nuevas necesidades sociales, la conciliación de vida familiar y laboral, la ayuda a la infancia etc. En este contexto, plantear el gasto social —como hacen UPN-CDN— como cuestiones de mero ejercicio presupuestario supone un error de base. Y sin embargo, es la política que defiende el Gobierno de UPN-CDN.
Cuando los recursos son limitados —y todos estamos de acuerdo en que lo son—, lo prioritario es realizar una planificación clara de qué queremos hacer; prever y adoptar las medidas que puedan garantizar el mantenimiento del Estado del bienestar. Por el contrario, nos encontramos con que al Gobierno de Navarra le desbordan sus propias previsiones y asistimos a un rosario de recortes presupuestarios y suspensión de ayudas sociales, al tiempo que se decide invertir el dinero público resultante de la venta de acciones de EHN en acciones de Iberdrola.
La disminución en prestaciones sociales es evidente. Los ejemplos son muchos, pero recordaré tan sólo algunos de ellos: la aplicación del índice IPREM en lugar del SMI para las pensiones de viudedad; la "reorganización" de ayudas a madres de niños menores de tres años (ahora en función de la renta y nuevamente sin tener en cuenta a las madres que no trabajan fuera de casa); la instalación de módulos prefabricados en centros de enseñanza que se han quedado pequeños; el retraso en construcción y mejoras de 30 colegios e institutos; la inversión de 1,7 millones de euros en 30 nuevas plazas de la residencia de ancianos de Lumbier que, a día de hoy, aún permanece cerrada; las deficiencias en infraestructuras y servicios de la enseñanza pública; las listas de espera en atención sanitaria, la precariedad de la atención primaria y un largo etcétera.
Salta a la vista que este Gobierno no está dando impulso a ninguna política social y que su discurso del bienestar y del progreso parece más orientado a buscar el bienestar de unos que el de todos. Sólo desde la previsión, la planificación y la correcta gestión será Navarra capaz de afrontar los nuevos retos de futuro. Pensiones, atención a la tercera edad, políticas de conciliación laboral y familiar, inmigración, acceso a la vivienda, atención sanitaria, educación, son cuestiones que inciden directamente en el gasto en protección social y que la actual política del Gobierno UPN-CDN está descuidando de manera temeraria.
Ante todo esto, el presidente Sanz niega la mayor, rechaza cualquier señal de alarma y mantiene que Navarra nunca ha gastado tanto como ahora. En esto último le doy la razón. Sólo me preocupa que sus previsiones a la hora de gastar hayan sido tan acertadas como las que estamos conociendo en Senda Viva.
Pero ésa es otra historia. Aquí no pasa nada. Y mientras, nuestro presidente entona el Navarra va bien y se fotografía en Japón.