Tiempo de pactos

La primera y posiblemente más racional y efectiva, sería un acuerdo entre las fuerzas del actual gobierno tripartito con el PSE. Pacto que podría facilitar un nuevo Estatuto, sin entrar en mayores profundidades, mediante su buena relación con el Gobierno español, e incluso un acuerdo de convivencia y de normalización. Sin embargo, existen obstáculos impeditivos que, hoy por hoy, lo hacen prácticamente imposible: primero, que supondría una absoluta incoherencia con el programa electoral del PSE, volcado, como es público y notorio, en enviar a la oposición a las fuerzas componentes del presente Gobierno Vasco, ocasionando de tal manera una alternancia en el poder. Su reiterado argumentario antinacionalista - recuérdese el manifiesto y las declaraciones de miembros de Aldaketa-, la consideración como un grave error expuesto públicamente, de la decena larga de años de participación con el PNV en el gobierno, extreman las dificultades para un viraje de tales dimensiones y el consiguiente establecimiento de un nuevo pacto con el aliado de ayer; incluso de traición ha sido considerada tal posibilidad por la diputada europea Rosa Diez. Al fin y al cabo la coherencia sigue teniendo un valor político y su peso en esta circunstancia es incuestionable. En segundo lugar, sus repercusiones en el actual tripartito serían considerables, desde la previsibilidad de la ruptura de la coalición PNV-EA, así como la marginación, a instancias presuntamente del PSE, de EB-IU. En tercer lugar, ese potentísimo mundo mediático cercano o integrado en el PP, al que tan extremadamente sensible se ha mostrado el propio PSOE, centraría sus feroces acometidas en el flanco abierto por esa traición´ con una mayor virulencia sí cabe que la mostrada ante el tripartito del gobierno catalán.

De ahí, y partiendo de que dos no se casan si uno no quiere, hace que nos fijemos en otra posible formula de gobierno, ésta más cara a las instancias centrales: el gobierno formado por el PSE -con Patxi Lopez de lehendakari ni más ni menos- y el PP. Dispondría de 33 representantes parlamentarios pero sin lugar a dudas estaría en permanente conflicto con los 42 diputados restantes. Salvo el configurarse en un gobierno de gestión y su excelente relación con el Gobierno y Parlamento de Madrid, es manifiesta la imposibilidad para este ejecutivo de aprobar un Estatuto reformado, dado su requisito de una mayoría absoluta de Parlamento y la propia posición antirreforma del PP. Similar afirmación cabría realizar sobre un posible pacto para la convivencia. En todo caso, jugaría a ocupar los medios de comunicación públicos del país, a rehacer la política lingüística, a revisar los servicios asistenciales, a modificar el sistema educativo, etc. Nada nuevo con el ejemplo de Navarra delante.

Cabe otra alternativa apreciable: la de un gobierno formado por el actual tripartito, más Aralar y, si accede a su integración en el ejecutivo o a través de un pacto de legislatura, EHAK, siempre bajo el ponderado liderazgo del lehendakari Ibarretxe. Asegurada la sobrada mayoría absoluta deberían cumplirse determinados requisitos encaminados a no repetir la expe- riencia del acuerdo de Lizarra. El objetivo esencial superador de las pautas de un gobierno de gestión es el alcanzar, con los ritmos políticos necesarios y mediante un acuerdo interno previo, la deseada paz y convivencia normalizada, mediante un pacto en esa dirección con el PSOE, o sea con el gobierno español. Objetivo que requiere para la conformación del propio gobierno de las suficientes garantias: comenzando por la persistencia de la actual autonomía ideológica y funcional de EHAK, siguiendo por el cese de cualquier acción armada a lo largo y ancho de la elaboración del pacto definitivo, con igual garantía del cese total de esa actividad de realizarse tan venturoso acuerdo. Bien entendido que de no cumplirse el requisito del cese de la lucha armada, el compromiso quedaría roto y se pasaría a otro estadio y a otra formula.

Naturalmente se debería conseguir un programa de gobierno consensuado, que de acuerdo con las fuerzas firmantes acentuaría las políticas sociales y en todo caso viabilizaría la gestión gubernamental y parlamentaria en términos de normalidad democrática. Alternativa de alto riesgo como se puede pensar pero hay veces que merece la pena afrontar peligros siempre que sea por una buena causa y exista cierta confianza entre los coparticipes.

De todos modos, lo esencial en el presente momento y en nuestra opinión, es el decidido avance hacia una convivencia integral. La paz definitiva y el cese de las armas es la luz que viene de Oriente y el fundamental objetivo a conseguir en la presente legislatura. Afirmación que puede implicar que en el ámbito de la reivindicación del autogobierno y su desarrollo pasan a una segunda fase. Lo que no es obstáculo para la demanda al gobierno central desde las instancias vascas, de ser también coherentes con sus expresas manifestaciones: por un lado, conseguir que las competencias estatutarias pendientes de transferencia (el convenio en la seguridad social, la investigación, las políticas de empleo, las políticas penitenciarias y así hasta mas de treinta), lleguen por fin al puerto previsto en 1979 y que algunas de las aprovechables líneas trazadas por el plan Guevara y recogidas en el programa del PSE se deban materializar con el beneplácito - esperemos- de quien las lanzó a la arena publica. Por otra parte, un compromiso formal de distensión política centrada fundamentalmente en reconducir los recortes de libertades y garantías jurídicas que se están produciendo fundamentalmente por la aplicación de la ley de partidos y el pacto antiterrorista .

Insistimos: se constata un deseo popular intensamente sentido y del que las formaciones de los gobiernos español y vasco deben hacerse eco: la consecución de la paz, la convivencia y la normalización política en la vieja Vasconia. Todo lo demás se nos dará por añadidura.