El PSOE cumple de esta forma una de sus promesas electorales, una cuestión que durante mucho tiempo, demasiado, ha sido bandera y motivo de múltiples problemas para un colectivo que no hace tantos años aún era perseguido por la Policía. Con las modificaciones aprobadas ayer, España se coloca, junto a Holanda y Bélgica, a la cabeza de Europa en el reconocimiento de los derechos de lesbianas y gays. Euskadi ya lo hizo, a través de la Ley de Parejas de Hecho.Quienes votaron en el Congreso en contra de esta modificación (Partido Popular y UDC) lo hicieron por motivos semánticos (consideran que este tipo de uniones deben regularse al margen de la institución tradicional del matrimonio) y por su manifiesto posicionamiento contrario a que las parejas homosexuales puedan adoptar; un doble motivo que nace, en muchos casos, desde unas profundas convicciones religiosas. Sin embargo, oficialmente España es un estado laico y, por tanto, la fe y la doctrina de cualquier creencia religiosa deben quedar en el dominio de lo privado y no inmiscuirse en las cuestiones públicas, que es de lo que se trata: lo que ayer aprobó el Congreso es la eliminación de ciertas barreras de desigualdad y discriminación a través de una modificación del Código Civil.
Guste más o menos, y más allá de los múltiples estudios médicos o psiquiátricos que puedan presentarse desde grupos en defensa de la familia tradicional o desde colectivos homosexuales, lo que ayer se aprobó en Madrid no es más que una adaptación a la realidad del siglo XXI, en la que parejas del mismo sexo hace años que viven juntas y hace años también que educan a sus hijos, adoptados o no. Sólo les faltaba lo que ayer se les reconoció en una votación cargada de significado: sus derechos y sus deberes. La ley es ley para todos.
