Cuestiones como que esta lista sea negra o blanca , que haya salido de la chistera a última hora o fuera una candidatura tapada o que la operación esté o no pactada en alguna oculta cocina resultan en estos momentos irrelevantes ante las contradicciones de bulto, desde el punto de vista jurídico, democrático y hasta ético, que encierran el intento frustrado de borrar del mapa una realidad social.Que se ilegalice un partido por supuestas vinculaciones con una organización terrorista es una cuestión más que discutible que engarza con un viejo debate que en las últimas tres décadas se ha planteado en reiteradas ocasiones tanto en España como en otros países europeos.
Pero cuestión muy diferente es que la ilegalización de Batasuna se traduzca luego en la suspensión de derechos civiles y políticos -tan básicos como el derecho a elegir y ser elegibles en unas elecciones- de sus dirigentes y que la inhabilitación o la sombra de la sospecha se extienda sobre simpatizantes, familiares, amigos o simplemente personas que con su firma hayan avalado el derecho de una plataforma electoral a presentarse.Todas estas contradicciones llevan a calificar de chapuza democrática la forma en que se ha dejado a la agrupación Aukera Guztiak fuera del proceso electoral -el Tribunal Constitucional necesitó más de nueve horas para razonar jurídicamente una decisión tomada de antemano- la misma noche de arranque de la campaña. Pero que el Partido Comunista de las Tierras Vascas se ofrezca ahora como cauce de expresión de la izquierda abertzale oficial no sólo le obliga a la Fiscalía General a dar un triple salto mortal si también quiere eliminar este partido, sino que debe llevar al Gobierno a revisar, desde principios democráticos, una ilegalización de la que hizo bandera Aznar y el PSOE asumió con entusiasmo.
