La corresponsabilidad de los socialistas en el diseño e implantación del vigente modelo de organización territorial del Estado no se limita, como se quiere hacer creer, a los aspectos más positivos de la descen-tralización política del Estado. Se extiende también a los más regresivos. Lo admita o no, el PSOE ha sido coautor de todas las me-didas limitativas que durante el último cuarto de siglo se han ido adoptando desde los poderes centrales del Estado para meter en varas el proceso autonómico. Baste recordar el entusiástico apoyo que prestó a la tristemente célebre LOAPA.
Cuando esta ley se aprobó, en 1981, los socialistas compartían plenamente con el Gobierno la necesidad de ordenar el proceso autonómico y, de paso, atar en corto a las comunidades autónomas ya creadas: la vasca y la catalana. Durante su debate en el Congreso, el socialista vasco Carlos Solchaga defendía la necesidad de una norma de aquellas características, arguyendo que la negociación y ulterior aprobación de los estatutos de Euskadi y Cataluña se llevó a cabo «dejando en el ambiente dudas razonables sobre si el tema se había llevado de la mejor de las maneras posibles o si, por el contrario, las concesiones habían predominado sobre los acuerdos libremente alcanzados, fruto de una interpretación unánime del Título VIII de nuestra Constitución». La deslealtad, como se ve, no podía ser ma-yor. Todavía no se habían cumplido dos años desde la aprobación de los estatutos de autonomía de estas dos comunidades y los socialistas cerraban filas ya, con los conservadores, en el común empeño de reconducir el camino recorrido, pretextando que, quizás, las concesiones´ habían sido excesivas.
Otro socialista vasco, Joaquín Almunia, ha reseñado en sus memorias que el pacto autonómico del que resultó la LOAPA se suscribió en un momento en el que el PSOE llevaba a cabo en las Cortes Generales una oposición «contundente» que, «en ocasiones alcanzó tonos muy duros». Pero ello, al parecer, no fue obstáculo para que las dos grandes fuerzas políticas del Estado alcanzaran un acuerdo que permitiese embridar el proceso autonómico. Lo primero era lo primero. Almunia admite cínicamente que a los nacio- nalistas vascos y catalanes «no les faltaban razones» para denunciar el frenazo autonómico que supuso aquel pacto, pero no siente el más mínimo remordimiento por el hecho de haber pasado por encima de ellas. Vertebrar España sobre bases homo-géneas era, a su juicio, más importante que respetar los estatutos de autonomía ya aprobados.
Desde entonces, todo lo relativo al andamiaje institucional y autonómico del Estado ha seguido siendo, con más énfasis aún si cabe, cosa de los dos partidos que pueden aspirar a alternarse en el Gobierno. Ellos se lo han guisado y ellos se lo han comido prácticamente todo. Y lo han hecho, además, desde una férrea lealtad mutua. Juntos firmaron los pactos autonómicos de 1992, juntos promovieron el proceso de reformas estatutarias que se inició en 1994, juntos revisaron -en 1997 y 2001- el sistema de financiación autonómica y, en fin, juntos, como «en la feria de San Miguel» -la expresión es de Rubio Llorente-, se han repartido, cada vez que tocaba acometer su renovación parcial, los puestos de un Tribunal Constitucional cuya jurisprudencia ha ejercido una influencia decisiva en la construc-ción del modelo territorial. Ambos son, pues, los padres de la criatura y ambos le profesan un mismo cariño, apego y admiración.
En este punto, no conviene dejarse engañar por las apariencias. Los debates que cíclicamente enfrentan a estos dos partidos en torno a la cuestión autonómica no pasan de ser pequeñas escaramuzas que en nada afectan al acuerdo básico que les une, contra viento y marea, en todo lo que afecta al modelo de distribución territorial del poder. Así, por ejemplo, es relativamente frecuente que aquél de entre los dos partidos que se encuentra en la oposición acuse al que ocupa el Gobierno de vulnerar competencias autonómicas o de actuar con criterios poco respetuosos con el modelo de organización territorial. Pero nunca se trata de denuncias serias y sinceras. De hecho, lo habitual es que, cuando quien las hace gana las elecciones y pasa a gobernar, se olvide automáticamente de ellas y no sólo renuncie a corregir lo que denunció desde la oposición, sino que se esmere en apuntalarlo y, a ser posible, hacerlo irreversible. Y es preciso admitir que no puede ser de otro modo porque, como se ha dicho, ambos partidos están comprometidos en la defensa de un mismo modelo de Estado que ha sido trabajosamente acordado a lo largo de los últimos lustros en sucesivos pactos a dos.
Por ello, los fuegos artificiales que los socialistas lanzaron al aire en los albores de esta legislatura, anunciando alegremente amplias y generalizadas reformas de los estatutos de autonomía, se han ido apagando conforme se ponía de manifiesto que quienes pilotaban el buque insignia del magno proceso de reformas prometido -el Estatut de Catalunya- abrigaban el firme propósito de franquear las líneas rojas que, con arreglo al modelo territorial pactado entre el PP y el PSOE, nunca deben ser rebasadas por las comunidades autónomas. Al constatar esta pretensión, las luces de alarma se han encendido y, en cuestión de me-ses, el presidente Zapatero ha pasado de prometer su apoyo a toda reforma estatutaria que salga del Parlamento catalán a expresar su confianza en que la Cámara catalana aprobará una reforma que pueda ser asumida por él, que es algo muy diferente.
Por su parte, tanto el ministro de Administraciones Públicas como los máximos responsables del PSOE a nivel estatal se han apresurado a advertir a sus colegas del PSC que no gozan de libertad plena para llevar a cabo la reforma estatutaria que deseen. O, dicho de otro modo, que no se tomen demasiado en serio el argumento de que el consenso sobre el nuevo Estatut ha de lograrse primero en Cataluña, para ser después validado en Madrid. Ese puede ser un argumento muy útil para combatir el plan Ibarretxe, pero no es para que se lo crean.
En una reunión recientemente celebrada en Sigüenza, las autoridades socialistas de Madrid se han esmerado en dejar claros a sus compañeros catalanes los límites a los que han de ajustar la reforma del Estatut si aspiran a que sea ratificada por las Cortes Generales. Y, como no podía ser de otro modo, esos límites son los mismos que pone el PP para dar por buena la reforma de un estatuto de autonomía: ni existe margen para ampliar las competencias autonómicas, ni es lícito incorporar al Estatuto materias transferidas a través del artículo 150.2 de la Constitución, ni es admisible blindar los poderes autonómicos frente a la potestad legislativa del Estado.
El problema es que, si todo esto no es posible, no hace falta modificar ningún estatuto de autonomía. Porque mejorar la eficacia del sistema autonómico en su conjunto, perfeccionando los instrumentos de colaboración, cooperación y coordinación tanto horizontales como verticales, es algo que puede lograrse perfectamente sin necesidad de abordar reforma estatutaria alguna. Por lo demás, debe anotarse que, durante su primer año de legislatura, el Gobierno socialista no ha adoptado una sola medida de interés autonómico que no pueda ser suscrita por un hipotético Ejecutivo popular que se encuentre en las mismas circunstancias de mayoría relativa. De hecho, algunas de las más reseñables, como la reforma del Senado o la participación de las comunidades autónomas en los consejos de ministros de la UE, ya fueron asumidas por el PP durante la legislatura 1996-2000. ¿Algún ingenuo sigue creyendo, todavía, que los socialistas se apartarán del modelo territorial que han pactado con el PP para promover reformas estatutarias que puedan dar satisfacción a vascos y catalanes?
