El pasado 18 de febrero, el Parlamento Vasco aprobaba la Ley para la Igualdad de mujeres y hombres y con ello ponía en marcha un instrumento jurídico fundamental de cara a favorecer avances sustanciales en esta materia, ya que, en el marco de nuestras competencias, aborda el fenómeno de la discriminación de las mujeres de forma global y multisectorial incidiendo en los distintos ámbitos en que esta discriminación se manifiesta. Plantea además medidas concretas y de calado con el fin de garantizar la aplicación práctica y efectiva del derecho a la igualdad reconocido formalmente en los textos legales. Por un lado, establece las normas y principios generales que han de regir la actuación de los poderes públicos, y, por otro, regula un conjunto de medidas que inciden en todos los ámbitos de la vida (participación sociopolítica, educación, trabajo, cultura, medios de comunicación, salud, violencia, etc. ) al objeto de promover y garantizar la igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres y, en particular, de favorecer la autonomía y fortalecer la posición social, económica y política de las mujeres.
Además de las medidas dirigidas a crear estructuras en las administraciones que posibiliten que puedan ejercer de elemento tractor en el camino hacia la igualdad, la ley, para responder a situaciones concretas de necesidad, establece medidas como la creación de un fondo de garantía para las situaciones de impago de pensiones en casos de separación o divorcio o el establecimiento de complementos para las pensiones de viudedad más bajas.
La violencia contra las mujeres se aborda mediante medidas dirigidas, por un lado, a la investigación, prevención y formación y por otro, a reforzar los recursos de apoyo a las víctimas, tanto policiales como jurídicos, psicológicos, económicos, de vivienda, de empleo, etc...
La participación política de las mujeres queda también garantizada con la obligatoriedad de que haya una representación no inferior al 50 % de las mujeres en las listas electorales al Parlamento Vasco y a las Juntas Generales, teniéndose que mantener esta proporción en tramos de cada seis nombres de candidatos. En el Gobierno ambos sexos deberán estar representados al menos al 40%.
Tanto en los medios de comunicación como en el ámbito educativo, la ley potencia la transmisión de valores igualitarios y prohíbe los contenidos sexistas.
Esta ley trata también de dar respuesta y posibilitar una salida a situaciones de flagrante vulneración de derechos como la que se viene dando en los últimos años en los Alardes de Irún y Hondarribia, prohibiendo la organización y realización de actividades culturales en espacios públicos en los que no se permita o se obstaculice la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres.
Hay medidas para priorizar y dar preferencia a las mujeres en las ayudas a la contratación, para el autoempleo, la creación de empresas, la formación y también relativas al acoso sexual. Las empresas vascas deberán desarrollar además, planes de igualdad.
Se crea la Defensoría para la igualdad de mujeres y hombres, que realizará labores de investigación, conciliación, asistencia y defensa de las víctimas de discriminación por razón de sexo.
Somos conscientes de que esta iniciativa legislativa no va a terminar con un problema estructural, multidimensional y tan arraigado socialmente como es el de la desigualdad entre mujeres y hombres, pero sí va a ser un instrumento fundamental para posibilitar ir dando pasos firmes hacia una sociedad de personas libres que desarrollen sus capacidades y tomen decisiones al margen de roles sexistas y donde se valoren por igual las distintas necesidades y aportaciones y de mujeres y hombres.
