Debemos de recordar que la Comisión de Régimen Foral que estudió a lo largo de 1980 el proyecto remitido por la Diputación Foral estaba constituída por quince miembros pertenecientes a siete partidos políticos: UCD contaba con cuatro representantes, PSOE y UPN con tres cada uno, HB con dos y la agrupación AMAIUR, el PNV y el Partido Carlista tenían uno. Prácticamente desde el principio, los tres partidos mayoritarios mantuvieron posiciones comunes, condicionando todo el desarrollo del articulado mediante un pacto tácito. A pesar de todo, el Partido Nacionalista Vasco participó en el proceso, manteniendo una actitud de colaboración positiva en la medida de lo posible.
Por otra parte, la Comisión que negoció con el Gobierno de la UCD estaba formada por siete personas: junto a tres diputados forales de UCD y otro diputado foral del PSOE, un representante centrista, otro socialista y otro de UPN, partido éste último que, recordémoslo, se posicionó en contra de la Constitución de 1978. De dicha Comisión fueron excluídos los diputados forales de HB y de Amaiur. La exclusión de Jaime Ignacio Del Burgo de la representación negociadora por efecto del asunto FASA no conllevó que este político, en aquellos tiempos en UCD, estuviera en realidad al margen del proceso. Del Burgo también participó activamente en el proceso por medio de sus buenas relaciones con los dos ministros que ocuparon sucesivamente la cartera de Administración Territorial, Martín Villa primero y Arias Salgado después. Incluso se llegó a decir que Del Burgo se mantuvo en habitaciones anejas a las estancias en las que se estaba desarrollando la negociación como asesor del ministro. Además, otros dirigentes relevantes del PSOE y de UPN tuvieron una actuación determinante.
Así pues, la homogeneidad de la representación se consiguió a costa de la marginación de todo el nacionalismo vasco, beneficiando claramente a UPN y PSOE como capitalizadores del proceso. También hubo una muy deficiente circulación de información desde la comisión negociadora a las fuerzas no representadas en ella.
El nivel de consenso final estuvo, en otro orden de cosas, alejado de los elevadísimos parámetros por los que algunos autores están abogando en la actualidad en relación con los apoyos que precisa cualquier proyecto político de autogobierno. Una veintena de parlamentarios navarros, de un total de setenta, es decir, un 30 por ciento, votó en contra del texto final o se abstuvo en la votación.
Por último, el hecho de que se privara a la ciudadanía navarra de opinar en referéndum sobre el Amejoramiento del Fuero, algo excepcional si lo confrontamos con lo sucedido en las demás nacionalidades históricas, así como en Andalucía, constituyó otro grave déficit por cuanto impidió conocer su grado de apoyo real entre el conjunto del electorado navarro, así como el grado de su asunción por parte de las zonas más vasquistas.
Sin duda alguna, todas estas cuestiones deberán subsanarse en el proceso de profundización en el autogobierno navarro que deberá abrirse en los meses venideros como reflejo de lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas.
Fernando Mikelarena
Profesor titular de la Universidad de Zaragoza
