Al lehendakari Ibarretxe le correspondió, como comisionado del Parlamento Vasco, la defensa de la Propuesta de Nuevo Estatuto Político para Euskadi basada en el reconocimiento de Euskal Herria como pueblo con identidad propia, al que le asiste el derecho a decidir su futuro -reconocido internacionalmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- y que se manifiesta en la voluntad de formalizar un nuevo pacto político de relación entre la Comunidad Autónoma Vasca y el Estado español, basado en la libre asociación, la no unilateralidad y compatible con las posibilidades de desarrollo de un Estado español compuesto y plurinacional.
Este debate ha puesto de manifiesto el modelo jacobino de Estado-Nación, forjado por la fuerza en el siglo XIX y que fue defendido a ultranza por el dictador Franco, para quien la única soberanía posible se residenciaba en la voluntad del pueblo español. Este modelo ha sido también defendido con diferentes matices formales en el Congreso por los dos principales partidos políticos españoles, pero con idéntica cerrazón negociadora e idéntico posicionamiento final.
El debate de la Propuesta del Parlamento Vasco ha sido el detonante que ha puesto sobre la mesa la discusión democrática sobre el modelo de Estado actual, que se queda corto para las aspiraciones de los nacionalismos periféricos (Catalunya, Galicia) así como por la exigencia de actualización y reforma de otros Estatutos de Autonomía que, como el de Gernika, fueron negociados hace 25 años, en un periodo predemocrático y por unas Instituciones del Estado todavía tuteladas por los poderes fácticos franquistas.
Y mientras este debate está teniendo lugar en los foros políticos del Estado, en Navarra, los partidos políticos UPN, CDN y PSN siguen callados como si todo esto no les afectase a ellos y, por extensión, tampoco afectase a Navarra.
Para el Partido Nacionalista Vasco de Navarra, el Amejoramiento aprobado en 1982 ha demostrado que adolece de unas carencias democráticas que es preciso resolver. Así, no es de recibo que el Parlamento Foral, como institución representativa de la voluntad de todos los navarros, no tenga las competencias necesarias para promover y negociar la reforma del Amejoramiento ni el Convenio Económico con el Estado, quedando esta competencia exclusivamente en manos del Gobierno de Navarra. Tampoco supone ningún marchamo democrático que sea el Amejoramiento la única legislación autonómica que no ha sido refrendada por su ciudadanía. En este sentido, desde el PNV de Navarra propugnamos que la decisión, tanto del modelo de autogobierno de Navarra como de las relaciones con otros territorios vascos, dependa única y exclusivamente de la libre decisión expresada por los navarros.
Nuestra propuesta de reforma del Amejoramiento apuesta por una actualización necesaria del mismo, ya que sus contenidos competenciales se han visto repetidamente mediatizados -y por lo tanto recortados- tanto por la aplicación de leyes básicas del Estado (LOAPA, Ley de Calidad de la Enseñanza) como por la aplicación de sentencias de un Tribunal Constitucional nombrado unilateralmente por el Estado, así como por la actuación de unos Gobiernos del Estado contumazmente rácanos a la hora de cumplir con la cesión de las transferencias previstas en el Amejoramiento y por la actuación de unos gobiernos de Navarra dóciles a esos gobiernos. Igualmente, se hace necesario un marco de relación más flexible, que permita una más rápida adaptación y respuesta a los nuevos tiempos -integración europea, desarrollo tecnológico, globalización- y a las nuevas necesidades sociales -inmigración, cohesión social, solidaridad- demostrándose una vez más que la gestión de lo cercano es más eficiente y próxima a los ciudadanos, que identifican el autogobierno con un mayor nivel de bienestar.
Además de todo esto, y a la vista de la situación de desequilibrio territorial de Navarra, nos parece importante el reconocimiento de las Merindades como circunscripción electoral para garantizar la representatividad de todos los navarros y para salvaguardar ese equilibrio territorial.
Del mismo modo, exigimos la asunción inmediata de las competencias no transferidas a Navarra por el Estado, tales como Policía, Infraestructuras, Justicia, Poder Judicial, Política Penitenciaria y Seguridad Social.
En el momento de aprobarse el Amejoramiento, el Estado español no se había incorporado a la Unión Europea. Desde su incorporación (1985) hasta ahora, son cada vez más las materias que se deciden en Bruselas y afectan a Navarra y en las que Navarra carece de interlocución directa. Es preciso que se nos reconozca nuestro derecho de interlocución y de negociación con los organismos de la UE en aquellas materias que nos afecten.
Igualmente, en materia de normalización lingüística defendemos el reconocimiento del euskera como lengua cooficial en toda Navarra, desde el criterio de voluntariedad y de libertad que en el uso de una lengua corresponde a los hablantes de la misma.
A la vista de los incumplimientos estatutarios pasados, nos parece procedente establecer un sistema de garantías en el cumplimiento de los acuerdos pactados entre Navarra y el Estado, basado en la no unilateralidad, en la lealtad institucional recíproca y en la cooperación.
En conclusión, como navarros, desde nuestra firme convicción nacionalista, y como demócratas estaremos siempre dispuestos a debatir y a participar activamente en la necesaria reforma del Amejoramiento, desde estas bases y en favor de lograr un status político para el futuro de una Navarra plural y de progreso.
(*) Presidente de EAJ-PNV en Navarra
