La cuestión de Euskadi se resume en dos puntos fundamentales: una crisis total de confianza y, probablemente por ello, varios años de una oposición meramente obstruccionista que no ha aportado nada a la ciudadanía en ese período.
Superar la crisis de confianza no es tarea fácil. Hay que empezar por tener voluntad de superación y esto es algo tan necesario, como tremendamente subjetivo. Con todo, creo que una mayoría de ciudadanos, en unos u otros partidos, o sin partido, desea convivir en paz. Y, como es evidente que no se puede convivir en paz sin un mínimo de confianza en la buena fe de quien no coincide con nosotros, parece que esa mayoría cívica ha de ser proclive a superar la crisis de confianza.
Pero, además de voluntad, hace falta que transcurra un período de tiempo de hechos y conductas convincentes suficientemente prolongado como para dar estabilidad a un relación recíproca cada vez más esperanzadora. Esto implica evitar en lo posible los procesos de intenciones ante hechos o documentos y declaraciones diáfanos. Cuando estamos ante un proyecto de Estatuto para la convivencia, es legítimo y respetable decir que no me gusta, pero no es honesto hablar de proyecto secesionista, porque o bien se falta a la verdad, o bien se pretende prevenir males hipotéticos que, por no estar en la realidad, sólo son fruto de la mente del detractor. Cuando estamos ante un procedimiento manifiestamente ajustado al Estatuto y a la Constitución, no se puede decir en todos los tonos y maneras que no se respetan las reglas de juego. Basta leer el art. 46 del Estatuto vigente y los artículos 87.2 y el artículo 166, ambos de la Constitución para saber que el Parlamento vasco tiene capacidad de iniciativa para proponer cualquier modificación estatutaria y que cualquier Parlamento autonómico la tiene para proponer modificaciones constitucionales. Si no lo crees, amigo lector, aproxímate al auto del Tribunal Constitucional de 20 de abril de 2004 que declaró inadmisible el recurso interpuesto por el gobierno Aznar contra la propuesta del Parlamento vasco. En él podrás apreciar por ti mismo que «para poder formular legítimamente una propuesta que implicare modificaciones constitucionales, tampoco es necesario que previamente se reforme la Constitución, puesto que nada impide que, advertida por la Cámara esa necesidad, ella misma decida reconvertir la ‘‘Propuesta’’ en una iniciativa propia de reforma de la Constitución, para lo que está constitucionalmente legitimada» (arts. 166 y 87.2 CE). Finalmente, siendo el proyecto de Estatuto una cuestión interna del Estado, no se puede repetir machaconamente que no encaja en un Tratado constitucional, como el europeo. Este garantiza ciertamente la integridad territorial de los Estados miembros (art. I-5.1), principio muy viejo que no ha impedido la aparición de Eslovenia (integrada, por cierto, en la Unión), Croacia, Bosnia-Hercegóvina, Serbia y Macedonia, o la desbandada de la antigua URSS; pero es evidente que tal principio nada tiene que ver con un proyecto de Estatuto que tiene clara vocación de integración, es ajeno a toda idea secesionista y, por tanto, en nada choca con el Tratado.
Tampoco son una contribución a restaurar la confianza las políticas de policía y juzgado de guardia que vienen practicando el PP y satélites suyos como ¡Basta Ya¡ Ni ayuda obviamente la propaganda antivasca exterior que falsea los hechos frente a quienes se hallan muy lejos de la realidad calumniada y llega con fuerza a los oídos de los que tenemos familiares y amigos en otras zonas de Europa o en EE.UU.
El tema de la obstrucción tiene un sesgo diferente. Es indiscutible el derecho que tiene cualquier ciudadano o cualquier partido para decidir que no estima oportuno que se modifique el Estatuto o la Constitución o ambos, y para asumir la actitud de que no quiere hablar de ello. Dicho de otra manera, tan legítimo es querer esas modificaciones, como no quererlas; tan legítimo es querer discutir sobre ellas, como negarse a discutirlas. Salvo razones de oportunidad histórica, nada que objetar. Sentados estos principios y ejercitada por cada ciudadano o partido la opción correspondiente, lo que no resulta legítimo es acusar a la otra parte de haber funcionado como si hubiera ejercitado la opción propia. Me explico: negarse a discutir es un derecho; acusar de que no ha querido discutir a quien ha decidido iniciar el debate y continuarlo durante tres largos años es una deslealtad, una tergiversación grave de la realidad, aun cuando ridícula por evidente. Negarse a hablar y acusar a la otra parte de que no ha habido bases de acuerdo, afirmar que el trabajo realizado -es decir, el proyecto de nuevo Estatuto- constituye un factor de división de la ciudadanía y que es una imposición, no sólo es una falacia del peor estilo; es una grave fuente generadora de desconfianza hacia quien así procede. Dejando al margen modificaciones estatutarias e intereses políticos, cualquier persona que tropiece con otra que, oponiéndose a ella, le acusa después de lo que ha sido la propia conducta opositora, perderá irremisiblemente la confianza en ésta última que, además de ser contraria, le acusa de sus propios actos. Lamentablemente es esto lo que hemos venido viendo constantemente durante el último mandato gubernamental y lo que vemos en algunos personajes de la vida política del momento.
En resumen, en Euskadi la propaganda contraria a la reforma del Estatuto se ha basado y se está basando en un falseamiento craso de la realidad, sin el más leve fundamento objetivo. Constituye así, se quiera o no, una farsa y, por ello, un pésimo expediente para restaurar la confianza y llegar a acuerdos positivos. Y no nos engañemos pensando en el antes y el después de las elecciones: lograr la confianza no es cuestión de intereses por muy importantes que éstos sean, y lo son, sin duda; lograr la confianza es, ante todo, una cuestión de voluntad y lealtad. Ciertamente de todos. Por ello, si unos ponemos a la vista sin ánimo de ofender a nadie y con el deseo de ayudar a la reflexión lo que nos parecen obstáculos, sería deseable que los demás se prestaran con el mismo espíritu a hacer su contribución, ya que nadie tenemos la visión absoluta y total de la realidad.
