La única novedad es que esta vez el objeto de la demonización, es, ni más ni menos, que una decisión adoptada por una mayoría cualificada por quien representa la voluntad general y expresa la voz colectiva de los ciudadanos de los tres Territorios Históricos: el Parlamento Vasco.
Primera línea dialéctica de ataque preconizada por los antedichos trompeteros: el contenido del proyecto estatutario es profundamente inconstitucional (¿Hasta 55 artículos de la Constitución son vulnerados por la reforma vasca!). Sin entrar a considerar la evidente usurpación de funciones de quien por mandato de la propia Constitución, monopoliza la declaración de inconstitucionalidad de las normas y resoluciones, que no es otro que el Tribunal Constitucional, la acusación así formulada es vieja y reiterativa: ¿Qué otra cosa fue alegada ante el «tremendo» proyecto de Estatuto aprobado por la Asamblea de Parlamentarios Vascos en Gernika en diciembre de 1978? ¿Es que no se recuerdan las decenas de «motivos de desacuerdo», que planteó la UCD, partido a la sazón en el poder, siempre con el basamento de existir en el texto contradicciones con la recientemente aprobada Constitución, tal como revela el riguroso estudio de Virginia Tamayo?
Del mismo modo y manera que poseen resonancias bien actuales la frase pronunciada por aquel buen político y mejor persona que fue el diputado alavés de UCD Txus Viana, al salir de Gernika: «en la Carrera de San Jerónimo nos encontraremos», en alerta de la distinta correlación de fuerzas existentes en el Congreso de los Diputados de Madrid, y en el consiguiente cedazo depurador de la ulterior fase del Estatuto.
Pésimos augurios que, sin embargo, no se confirmaron ya que partiendo de la instancia de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, se entró en una negociación intensa. Bien es cierto que en sede institucional, el lehendakari Garaikoetxea, con la misma altura que el actual lehendakari Ibarretxe, tuvo enfrente al presidente Adolfo Suárez, que con singular tiento y superando su pasado franquista, resultó un abierto y franco interlocutor.
No sólo se negoció la letra estatutaria; cuando el consenso parecía prácticamente imposible, se echó mano de la tabla salvadora de la actualización de los Derechos Históricos reconocidos por la disposición adicional 1ª de la Constitución (Concierto Económico, policía autónoma, organización foral...), haciendo nacer el Estatuto de Autonomía de 1979, que tan larga y fructífera vida ha tenido para un tiempo determinado. Cuestión de estadistas, como exigiera para la actualidad el jurista madrileño Herrero de Miñón; líderes políticos y representantes populares que antepusieron el interés colectivo por encima de las banderías partidistas.
Volvamos a la palpitante actualidad. La acusación al acuerdo parlamentario se virtualiza en el hecho de que tres de los parlamentarios de Sozialista Abertzaleak coincidieron con los 36 representantes del gobierno tripartito, y entre todos alcanzaron la requerida mayoría absoluta. Luego, en curiosa deducción, ETA, al menos en su mitad, apoyaba el texto gubernamental.
Sin entrar en batiburrillos dialécticos de poca monta, sí mencionar una cierta incoherencia o si se quiere, una dosis de hipocresía. Dos días antes, el 28 de diciembre, los votos de los seis miembros de Sozialista Abertzaleak seguían las pautas anteriores y coincidían con los del PSE y PP, esta vez en rechazar los presupuestos generales de la CAV ¿Qué sucede que los votos concedidos por los diputados de SA el 28 eran dignos, justos y equitativos, inmaculados de cualquier reproche, y se convertían el 30 en su mitad de apoyo al nuevo Estatuto, en exponentes del Mal y en portavoces de ETA? ¿Qué ha cambiado para que en dos días el blanco se convierta en rojo? Que sepamos nadie, absolutamente nadie, de los parlamentarios del PSE y del PP, cuestionó en su mínima expresión, la «coincidencia» en sus votos con los de Sozialista Abertzaleak o con los de ETA según su propia terminología. En todo caso tan de ETA eran el 28 como el 30, al menos desde el prisma de los sedicentes «constitucionalistas». ¿Qué ha cambiado, insistimos en esos dos días?
Volvamos a la cuestión esencial: El Parlamento Vasco ha hablado, ha tomado un acuerdo y además lo ha hecho por mayoría absoluta. En las hemerotecas están las convincentes palabras del presidente Rodríguez Zapatero, que aceptaría la propuesta en materia de autogobierno que le realizara el Parlamento de la Generalitat de Cataluña.¿Qué sucede para negativas tan rotundas en el supuesto del Parlamento Vasco? ¿O es que las aguas del Nervión no desembocan en el mar como las del Ebro, y en consecuencia el Parlamento catalán está dotado de una gracia a la que no alcanza su homónimo vasco? No todo es cuestión de talante; también y en mayor medida, de coherencia y racionalidad. Puesto que es innegable que todo Parlamento, sea central o territorial, sigue siendo, insistimos, el titular de la representación ciudadana y escaparate de su parte alícuota de soberanía con permiso de las instituciones de la Unión Europea.
Ningunear los acuerdos de un Parlamento puede considerarse como una infracción a postulados netamente democráticos. Principio democrático y consecuencias inherentes sobre las que reflexionaba, tan acertadamente, el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá.
Se dirá que las Cortes Generales representan al pueblo español y que el Parlamento Vasco solo a la población de su territorio. Sea -aunque en ningún precepto constitucional se proclamen superioridades parlamentarias entre sí- al menos una ley orgánica deberá emerger en el proceso ulterior del nuevo estatuto vasco, siempre a salvo de lo que decidan los ciudadanos vascos a través del sufragio universal.
Parlamento de un pequeño país, poca cosa en términos de globalización, pero que es la voz de un pueblo fiel a su especifidad en diversos ámbitos; con el secular signo de acogerse a lo propio sin pretender jamás lo ajeno. Digno de respeto en todo tiempo y lugar.
Como señalara el gran poeta Aresti, se trata de defender la casa del padre, que en la presente coyuntura se virtualiza en respetar la voz de su Parlamento representativo, exponente de la grandeza de la democracia y de la de los ciudadanos a los que representa.
