En la sesión de control, el diputado jeltzale ha asegurado que “no es razonable que tengan penas muy superiores a mater a alguien, a una violación o un infanticidio”
12Julio 12
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Mikel Legarda, portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, ha trasladado hoy al Gobierno español la “perplejidad” de EAJ-PNV y de la sociedad vasco-navarra por la “desproporción” en las peticiones del Fiscal para los ocho jóvenes acusados de las agresiones a dos Guardias Civiles y sus parejas el pasado mes de octubre.
En la sesión de control al Gobierno español, Legarda ha recordado que EAJ-PNV condenó la agresión cuando se produjo, se solidarizó con sus víctimas y consideró una comparación indefendible e insostenible mantener que los agresores son tan víctimas como los agredidos, además de sostener que no puede haber impunidad para las manifestaciones de violencia y sus responsables. Sin embargo, ha señalado que “la sociedad se ha quedado literalmente boquiabierta” tras conocer que se solicitan penas de 63, 50 y 18 años para los jóvenes de Alsasua.
Legarda ha asegurado que las peticiones del Fiscal “no se compadecen ni con la normalidad ni con la convivencia democrática, y tampoco con la legalidad misma” y ha añadido que “en Euskadi y Nafarroa el nivel de agresiones a Guardias Civiles es prácticamente inexistente”, según datos facilitados por el propio Gobierno español, que señala que desde el año 2012 hasta nuestros días en Nafarroa y la CAV se han producido 131 agresiones frente a 13.500 en el resto del Estado.
Asimismo, el Diputado jeltzale ha considerado que “no es razonable” que estos hechos tengan penas muy superiores a matar a alguien, a una violación, un secuestro, el tráfico de armas o un infanticidio, y ha calificado de “sobreactuación” encuadrar las agresiones en la violencia de ETA al vincular a alguno de los acusados con movimientos que por medios legales reclaman el abandono de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Euskadi y Nafarroa.
“También es sobreactuar transitar desde unos hechos donde no se constata ni conspiración ni coordinación previa hasta convertirlos en un acto de terrorismo, recorriendo para ello un trecho que ni el sentido jurídico ni el sentido común permiten”.
El Ministro de Justicia, por su parte, ha abierto la puerta a modificar el Código Penal: “El artículo 573.1 del Código Penal dice lo que dice; ¿lo podríamos cambiar? Hablemos de ello. Pongamos de una vez por todas en marcha las reformas que tiene nuestra Justicia por delante y valorémoslo”, ha respondido Rafael Catalá.
