Bizkaia

De un repaso a la historia legislativa observaremos que ya en 1985 las Juntas Generales de Gipuzkoa, en 1986 Bizkaia y en 1989 Araba toman la iniciativa y establecen la grafía oficial para su denominación tomando como base para ello su capacidad de autoorganización «entre la que indudablemente se encuentra la capacidad para determinar su denominación», según manifiestan expresamente las Juntas alavesas. Y lo hacen utilizando la grafía vasca en los dos primeros casos y la bilingüe en el tercero. Los territorios históricos vascos siempre han sido algo más que meras provincias. En efecto, cuando en 1833 el Estado español por real decreto conforma su primera organización provincial, las "provincias vascas" son las únicas que no tienen el mismo nombre de su capital, signo evidente de una tradición anterior a esa fecha.

Esas denominaciones aprobadas en la década de los 80 (Bizkaia, Gipuzkoa y Araba-Álava) a través de normas forales nunca recurridas ante los tribunales, se van consolidando con el paso del tiempo entre las instituciones y la ciudadanía. Sin embargo, las instituciones del Estado, y algún que otro medio de comunicación, se niegan a utilizar la denominación aprobada alegando que además de territorios forales son provincias desde el punto de vista de división administrativa del Estado y en consecuencia su denominación debe ser modificada en las Cortes Generales.

Han pasado muchos años, y la década de los 90 ha visto cómo se aprobaban en el Parlamento español leyes que afectaban a provincias de comunidades autónomas bilingües, fijando como denominación oficial únicamente la de la lengua propia del lugar. Así la ley 2/92 señala como oficiales los nombres de Girona y Lleida frente a la vieja denominación de Gerona y Lérida. La Ley 13/97 hace lo propio con Illes Balears, fundamentándolo en el respeto a la identidad cultural y la utilización de la lengua propia de la comunidad. Asimismo la ley 2/98 señala que a partir de entonces el único nombre oficial será A Coruña y Ourense para esas provincias gallegas. De hecho, este cambio se produjo también en el antiguo sistema de matriculación de vehículos y así las placas se tornaron en GI, OU o IB.

En ninguna de las comunidades autónomas afectadas la medida causó ningún tipo de problema ideológico o práctico, y ello a pesar de que comparativamente con las denominaciones de los territorios vascos, para un castellano parlante la grafía catalana puede resultar más difícil de pronunciar. El criterio de utilización de la lengua propia fue el referente aceptado por unanimidad en todos los casos. Lengua propia que en nuestro caso es el euskera, calificada así como tal por el propio estatuto de autonomía. En Catalunya, Galiza o Illes Balears existe cooficialidad entre el idioma propio y el castellano, como existe en Euskadi, pero dicha cooficialidad no supuso en absoluto una obligatoriedad de denominación bilingüe.

Es una norma aceptada internacionalmente que el uso de los topónimos se ajusta a la lengua del lugar y de origen de los mismos. Es un hecho incontestable que los nombres de nuestros territorios históricos son de raíz vasca. Hoy en día no sabemos qué significación, si tuvieron alguna, pudieron tener pero nadie duda de que son términos que provienen del euskera.

Basándose en estos precedentes y con la máxima de defender la voluntad de los ciudadanos de los territorios históricos manifestada a través de sus representantes en las instituciones forales, el Grupo Vasco del PNV en Madrid presentó recientemente una proposición no de ley para que las denominaciones oficiales de cara a las instituciones del Estado fueran respectivamente Bizkaia, Gipuzkoa y Araba-Álava. En el supuesto clima de respeto institucional mutuo y búsqueda de encuentro en que nos encontramos lo lógico era obtener una respuesta positiva. Desgraciadamente, los dos grupos mayoritarios en la cámara, PP y PSOE, a diferencia de los casos ya mencionados, sólo estaban dispuestos a admitir la iniciativa en el caso de que todas las denominaciones fueran bilingües. Ante la perspectiva de que no se iba a respetar la voluntad mayoritariamente expresada por la ciudadanía de los territorios históricos correspondientes, el Grupo Vasco optó por retirarlas.

Es evidente que estas iniciativas no buscaban que los ciudadanos fueran penalizados por escribir Vizcaya en vez de Bizkaia. Cualquier ciudadano puede y podrá escribir como quiera, con la grafía oficial o diferente, y ninguna instancia oficial podría rechazarla, como hoy tampoco puede hacerlo basándose en la mejor o peor gramática utilizada en la redacción. Lo que se busca es que las instancias oficiales (en este caso las del Estado) den por buena y utilicen la grafía oficialmente aprobada. Lo curioso del caso es que incluso algunos organismos del Estado utilizan ocasionalmente de facto en exclusiva la grafía vasca con total normalidad. Así expidió la Junta Electoral Central la credencial que me identifica como diputado electo. Así, "Bizkaia", constaba en mi anterior pasaporte merced a que el funcionario de turno creyó conveniente y normal hacerlo sin yo pedírselo.

Se observará que en el caso de Araba-Álava se propone una grafía bilingüe, no porque así le hubiera gustado al grupo nacionalista, sino porque ésa fue la voluntad de las Juntas Generales alavesas. Y ello a pesar de que grupos como IU nos achacaban su inadecuación pues en su opinión los topónimos debían responder únicamente a la lengua local. En mi opinión no se trata de aprobar lo que un grupo particular quiere, sino de respetar el criterio aprobado por las instituciones forales hace ya 20 años y que ha ido consolidándose sin provocar conflictos entre la ciudadanía e incluso entre todos los partidos que han gobernado en alguna ocasión durante ese período en esas mismas instituciones. Teniendo en cuenta además que las mayorías que aprobaron esa decisión hace 20 años han seguido manteniéndose en cada uno de los territorios durante todas las elecciones pasadas, lo que confirma una voluntad mantenida en el tiempo hasta la fecha.

Sinceramente, no puedo entender que en opinión de algunos el hecho de escribir Barakaldo, Santurtzi o Getxo no suponga ningún trastorno para los ciudadanos y sí lo sea escribir Bizkaia. No puedo entender que lo que es posible para Girona, Lleida, Ourense, A Coruña o Illes Balears, no sea posible para Bizkaia y Gipuzkoa. ¿Qué razón tenía Josu Erkoreka en un artículo publicado como homenaje al profesor Lidón en que hablaba del «hecho diferencial negativo vasco»! Diferencia reconocida, sí, pero para negar a los vascos lo que es posible para los demás. Y hoy más de uno se pregunta: Si ni a esto está dispuesto Madrid, ¿cómo será posible llegar a acuerdos de más trascendencia?