Izaskun Bilbao considera usurpadores a los gobernantes de Nicaragua y pide una investigación de la ONU sobre derechos humanos

La eurodiputada de EAJ-PNV Izaskun Bilbao Barandica ha apoyado las conclusiones de la misión de observación electoral que determinó que las últimas elecciones presidenciales celebradas en Nicaragua el pasado siete de noviembre fueron fraudulentas habida cuenta del contexto de falta de libertades y ataques contra los derechos fundamentales de candidatos y electores
Izaskun Bilbao considera usurpadores a los gobernantes de Nicaragua y pide una investigación de la ONU sobre derechos humanos
14 Diciembre 2021 | Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo ha debatido esta tarde y votará mañana una resolución que analiza la situación creada en este país americano tras las graves irregularidades que se certificaron en las últimas elecciones presidenciales. Con los candidatos de la oposición detenidos o en prisión y acusados de infracciones penales, sin una real división de poderes, sin libertad de prensa y en un clima de fuerte tensión el país vive una grave crisis institucional. Se encamina además, hacia una crisis humanitaria en la que una ciudadanía empobrecida y las comunidades indígenas son las principales víctimas de la dictadura implantada por Daniel Ortega.

Precisamente la constatación de esa condición de régimen autoritario que caracteriza hoy a Nicaragua  ha centrado la intervención en Estrasburgo de la representante de EAJ-PNV que ha recordado que en aquel país “presentarse como candidato a las elecciones lleva aparejada pena de cárcel. Defender los derechos humanos, oponerse a las malas prácticas ambientales, a la destrucción de las comunidades indígenas, denunciar abusos, señalar responsables, acarrea la más dura represión, agresiones, acoso. No hay libertad de prensa ni expresión. En esas circunstancias las últimas elecciones han sido una farsa”.

Por esas razones Izaskun Bilbao Barandica ha considerado que “los actuales mandatarios no son ya los gobernantes legítimos del país. Son usurpadores que merecen ser tratados como tales, sancionados, desposeídos del rendimiento económico de sus prácticas corruptas e investigados por sus políticas represivas en el marco del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.

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