EAJ-PNV traslada a la ministra de Justicia que “no es admisible” la inseguridad jurídica que existe ante las medidas contra la pandemia

Imanol Landa emplaza a Pilar Llop a abordar reformas legislativas para dotar a las comunidades autónomas de herramientas jurídicas que confieran la necesaria seguridad y certidumbre.
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23 Noviembre | Senado

El senador de EAJ-PNV, Imanol Landa, ha reprochado a la ministra de Justicia que la situación de “incertidumbre e inseguridad jurídica” que se está dando ante las medidas para hacer frente a la pandemia de la Covid-19 “no es admisible cuando de lo que estamos hablando es de la salud de las personas, de la salvaguarda de la salud de la ciudadanía”. En la comparecencia de la ministra Pilar Llop ante la Comisión de Justicia del Senado, el representante jeltzale ha censurado la resolución dictada ayer por el TSJPV, rechazando la solicitud del Gobierno Vasco para exigir el uso del certificado COVID, posicionándose “en clara contradicción con lo dictaminado por tribunales de otras comunidades autónomas respecto de esta misma medida”.

Landa ha recordado que la propia Memoria de la Fiscalía del año 2020, presentada por Dolores Delgado la pasada semana, reconocía que, en lo concerniente a su actividad en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las diferentes resoluciones dictadas por los diferentes órganos judiciales provocaron ‘no pocos momentos de inseguridad jurídica’, según reza el informe. Además de situar el origen de este déficit en la debilidad del marco legal, “asentado fundamentalmente en el insuficiente artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública”, el senador de EAJ-PNV ha reclamado a la titular de la cartera de Justicia que “aborde las reformas legislativas pertinentes para dotar a las comunidades autónomas de herramientas jurídicas que confieran la necesaria seguridad jurídica y certidumbre a la hora de adoptar las medidas necesarias contra la pandemia”.

La ministra se ha remitido a la modificación que se realizó de la ley para que el Tribunal Supremo pudiera unificar la doctrina en caso de que se recurran las decisiones de los Tribunales de Justicia o de la Audiencia Nacional. Posteriormente ha negado que el Gobierno vaya a abordar una ley de pandemia, remitiéndose al marco jurídico vigente con alusión expresa a la ley que regula el Estado de Excepción y de Alarma, y a la jurisprudencia constitucional.

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