El Grupo Vasco incorpora a la Ley de Convivencia Universitaria la mediación como herramienta de resolución de conflictos

Tras lograr los objetivos establecidos, entre los que destaca también la salvaguarda competencial para las CC.AA, EAJ-PNV ha votado a favor del Proyecto de Ley que deroga la norma de 1954
17 Noviembre | Congreso

El Grupo Vasco en el Congreso ha votado a favor del Proyecto de Ley de Convivencia Universitaria debatido y aprobado hoy en el Congreso tras incorporar varias mejoras al texto y constatar que se han logrado los objetivos con los que EAJ-PNV afrontaba esta iniciativa legislativa.

Entre las correcciones propuestas por los y las jeltzales, y añadidas a la Ley, destacan el carácter “obligatorio” de la “mediación como herramienta de resolución de posibles conflictos” y la defensa de las competencias de las Comunidades Autónomas, visibilizándolas como “autoridad normativa en la materia”, así como el “ejercicio de autonomía” de las universidades.

En la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades en la que se ha debatido la Ley esta mañana, la portavoz en Educación del Grupo Vasco, Josune Gorospe, ha puesto en valor que “hemos logrado incorporar que las universidades desarrollarán, sin carácter optativo, en sus Normas de Convivencia, medios alternativos de solución de conflictos de la convivencia basados en la mediación”. Lo ha hecho, además, después de que esta obligatoriedad “desapareciera” del Proyecto de Ley durante el trámite parlamentario en contra del criterio de la comunidad universitaria. Recuperada esta herramienta, Gorospe ha explicado que “la mediación deberá basarse en los principios de voluntariedad, confidencialidad, equidad, imparcialidad, buena fe y respeto mutuo, prevención y prohibición de represalias, flexibilidad, calidad y transparencia”.

Finalmente, la diputada jeltzale ha anunciado el voto afirmativo de EAJ-PNV a este Proyecto de Ley tras la incorporación de la práctica totalidad de las mejoras propuestas por el Grupo Vasco y al constatar que “se han logrado los cuatro objetivos” con los que se afrontaba esta iniciativa legislativa: “Derogar el decreto de 1954 vigente, por considerarlo en algunos aspectos antidemocrático con respecto al marco vigente; que el texto legal que lo sustituyera se limitara a lo básico siendo su contenido más amplio y flexible posible; que reconociera y visibilizara lo máximo posible las competencias de las CC.AA. en la materia, así como la autonomía universitaria; y que mantuviera el mecanismo de mediación como vía de resolución de conflictos con carácter obligatorio”.

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