Unidas Podemos, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, Más País, CUP, BNG y Compromís firman un manifiesto en el que urgen al Gobierno a adoptar medidas alternativas a la privación de libertad para garantizar el derecho a la salud de las personas presas

Conscientes de que la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto muy fuerte sobre las personas en centros penitenciarios, Unidas Podemos, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, Más País, CUP, BNG y Compromís han suscrito un manifiesto titulado ‘Por el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad‘ para trasladar al Gobierno español su preocupación y reclamarle que adopte medidas para proceder a la excarcelación de personas presas enfermas, de avanzada de edad y en situación de vulnerabilidad ante el COVID-19
Unidas	Podemos,	ERC,	Junts,	PNV,	EH	Bildu,	Más	País,	CUP,	BNG	y	Compromís	 firman	un	manifiesto	en	el	que	urgen	al	Gobierno a	adoptar	medidas	alternativas	a	 la	privación	de	libertad	para	garantizar	el	derecho	a	la	salud	de	las	personas	presas
11 Mayo | Congreso

Siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS o el Consejo de Europa, los firmantes del manifiesto piden poner en marcha medidas alternativas a la privación de libertad, entre las que contemplan la excarcelación y el acercamiento de personas presas, la ampliación de comunicaciones entre internos y familiares, la realización de diagnósticos rápidos para evitar que el virus se propague en prisión y garantizar la atención médica adecuada a grupos vulnerables o de riesgo: grupos de edad avanzada y grupos con patologías previas.

Los grupos políticos firmantes del manifiesto no dudan de las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior para frenar los contagios en los centros penitenciarios y evitar la propagación del virus. No obstante, recalcan que es “absolutamente prioritario” adoptar medidas más exigentes “para que las personas presas permanezcan en espacios más salubres y en condiciones de atención y cuidado más profilácticas y adecuadas”.

Los impulsores de la iniciativa piden al Gobierno español que siga las recomendaciones de organismos internacionales y adopte las medidas oportunas de excarcelación de personas presas, en especial de quienes presenten especial vulnerabilidad ante el COVID-19: es decir, internos e internas que presenten patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad -mayores de 65 años- o conformen grupos de riesgo ante el contagio de la pandemia. En opinión de las formaciones políticas que han secundado el escrito, las medidas deberían de aplicarse “sin excepcionalidad de ningún tipo derivado de la tipología o gravedad del delito”, para la excarcelación de personas presas que hayan cumplido las ¾ partes de la condena, que no presenten alto riesgo de reincidencia y/o presenten pronóstico favorable de reinserción social y cuenten con recursos familiares o de su entorno social próximo para someterse al confinamiento “en los mismos términos que el resto de la sociedad”.

Para ello, consideran indispensable la coordinación entre los ministerios de Sanidad, Justicia e Interior para generalizar las medidas de protección en prisión, realizar exámenes de síntomas preventivos y diagnósticos rápidos, derivando a los centros hospitalarios de la red pública a quienes presenten síntomas o den positivo por COVID-19.

Igualmente, mientras dure la crisis sanitaria, solicitan que se garantice el derecho a la información a los reclusos ofreciendo información actualizada y accesible sobre el desarrollo de pandemia y las medidas adoptadas dentro de prisión con el objetivo de prevenir y contener su propagación. En ese sentido, consideran conveniente extender la comunicación no presencial entre internos y familiares, con gratuidad de llamadas telefónicas, y ampliar las videollamadas más allá de las actuales restricciones a circunstancias de enfermedad o urgencia familiar.

Por último, instan al Gobierno español a acelerar las medidas para que las personas presas retomen las comunicaciones directas con sus familias y abogados en la fase de desescalada. Creen, del mismo modo, que es necesario dar pasos firmes para proceder a un “acercamiento geográfico generalizado” a prisiones cercanas a sus domicilios de todos los presos y presas que así lo soliciten, considerando “que supone un impedimento añadido para la normalización de las comunicaciones de los internos”.

El traslado debería de iniciarse con los reclusos más alejados de sus domicilios y con los padres y madres de hijos menores, respetando las medidas higiénicas y de seguridad similares a las de otro tipo de transportes, según las formaciones que secundan está petición.

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