La discusión del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo ha suscitado en los medios de comunicación un debate en el que las posturas y argumentos de algunos grupos políticos han estado más cercanas a la traslación de sus convicciones ideológico-religiosas internas que a la elaboración de una ley que, identificando la realidad actual, y sin coaccionar a nadie, pueda servir para un amplio espectro de personas de ideologías diferentes. Esto último es precisamente lo que el PNV ha querido buscar desde el inicio del proceso de elaboración de la ley.
En ese sentido, la postura del PNV se fijó después de una larga reflexión asesorada por expertos que finalmente dio a la luz un documento presentado a la Asamblea Nacional. El PNV tenía claro que la situación demandaba un cambio de legislación. La regulación actual, especialmente a través del denominado supuesto por el que se alegaban posibles problemas psíquicos para la madre, había producido de hecho una legalización encubierta del aborto, con el agravante de que ni existía un límite temporal ni tampoco ofrecía seguridad jurídica en su interpretación. De facto, la legislación española actual, que sorprendentemente se limita a su Código Penal, es una de las más permisivas en el ámbito europeo. En esta situación, durante años y años gobiernos de diferente signo han mirado para otro lado sin actuar a fin de corregirla en ningún sentido. Lo que desde algunas instancias se pide ahora es retroceder hasta la legislación franquista en esta materia. No es serio actuar ignorando la realidad o reivindicando el aborto como delito en cualquier caso. Porque el hecho de que se hagan abortos no se va a evitar prohibiéndolo a rajatabla. Estas prácticas se han producido desde la noche de los tiempos. Lo que hay que procurar es crear las condiciones para que dichos abortos se lleven a cabo cada vez en menor número. De la lectura de muchos comentarios sobre la posición del PNV en la Cámara Baja podría deducirse que nuestra colaboración en la votación de la ley era imprescindible para que el texto se aprobase. Nada más lejos de la realidad. El Gobierno ya tenía de antemano una mayoría absoluta semiapalabrada a través del denominado 'eje de izquierdas' (IU-ERC más la mayoría del Grupo Mixto). Nuestro voto no habría impedido su aprobación, pero sin embargo el interés del Gobierno en que nuestro partido participara del consenso podía darnos opciones de que la ley no tuviera un sesgo absolutamente ideologizado. Y creo que eso lo hemos conseguido. Acusar de abortista a esta legislación es una auténtica falacia. A nadie se le obliga a abortar. Ni siquiera los padres de una chica de 17 años pueden obligarla a que aborte en contra de su deseo. Se trata en primer lugar de poner los medios para evitarlo, de que disminuya este fenómeno, educando en valores y corresponsablemente desde la escuela, la familia y el entorno social, dando información adecuada sobre ayudas públicas existentes, facilitando los medios anticonceptivos adecuados. Pero habrá situaciones en que el aborto en cualquier caso se producirá, con o sin legislación. Y si es así, debería serlo con las máximas garantías sanitarias. No forcemos a que mujeres desesperadas, que abortarán en cualquier caso, acudan a centros que no reúnen las mínimas condiciones, ni profesionales ni sanitarias, para realizar la intervención Es por ello que se opta por una ley de plazos, exactamente 14 semanas. Lo cierto es que todas nuestras enmiendas se han visto satisfechas. Algunas totalmente, al haber sido incluidas en sus términos en la ponencia. Otras tras haber sido transaccionadas con el Grupo Socialista. Así, nuestro grupo fue el único que presentó una enmienda para que fuera reconocido el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y ello se ha visto reflejado en el texto aprobado por el Congreso. Ahora, también, los padres de las chicas de 16 y 17 años serán informados de la situación de su hija con anterioridad a que se produzca la eventual interrupción del embarazo. Sólo, como caso excepcional, y tras fundamentarlo debidamente en situaciones asimiladas a la violencia intrafamiliar, la comunicación es excepcionable. El articulado referido a la educación ve reflejado ahora la importancia que tiene en la prevención de embarazos no deseados, introduciendo, entre otras cosas, una formación integral en valores y la corresponsabilidad de la pareja en el embarazo. Por otra parte, la información que se ofrecerá a las personas durante el período de reflexión de tres días otorgado antes de efectuar la interrupción del embarazo será amplia, y podrá hacerse en su caso de manera oral para una mejor comprensión. En otro ámbito, hemos visto reconducidos los artículos que invadían competencias de las comunidades autónomas. Desde luego, no es la ley que hubiera hecho el PNV en todos sus términos. Pero está claro que es una mejora respecto a la situación actual. Proporcionando seguridad jurídica y sanitaria, equiparando la legislación a las del entorno europeo. Ahora queda una tarea no menos importante, porque la ley precisa de un desarrollo en su ejecución que deberá ser efectuado en su momento por las administraciones competentes, las comunidades autónomas, y que perfilará los detalles de la norma. Sólo restará, después, que las estadísticas dentro de unos años demuestren que el número de abortos ha disminuido. Estoy convencido de que así será.
